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BOLETINES 2015 / Diciembre
   
 

BOLETÍN 120 / Guadalajara, Jalisco, 09 de diciembre de 2015

Emite CEDHJ Recomendación a favor de miembros de comunidades indígenas en el estado,
hasta ahora carentes de traductores de la lengua materna en procesos judiciales

  • Otras tres resoluciones tienen relación con la Secretaría de Salud, Tlajomulco de Zúñiga y la Comisaría de Seguridad Pública del Estado

 

Recomendación 40/15

Está dirigida a Miguel Castro Reynoso, titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social; Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal general del Estado; y al maestro Carlos Óscar Trejo Herrera, titular de la Procuraduría Social, con peticiones a los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, de la LXI Legislatura del Congreso del Estado y a las autoridades tradicionales del pueblo wixárika para garantizar el derecho de acceso a la justicia a quienes integran pueblos originarios y comunidades indígenas.

La CEDHJ recibió en el mes de diciembre de 2014 la queja de una mujer perteneciente a la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco. Ella manifestó que en los juzgados y en las agencias del Ministerio Público se violaban los derechos de personas indígenas, tanto imputados como víctimas y testigos, al no ser asistidos por un perito traductor, y que no entendían los términos legales ni podían ejercer sus derechos al debido proceso por no comprender en su totalidad el castellano.

De la investigación se advirtió que dentro del Poder Judicial, de la Fiscalía General y de la Procuraduría Social no existen peritos ni traductores en las diversas lenguas indígenas, lo cual vulnera los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y al debido proceso de las personas que integran pueblos originarios y comunidades indígenas.

Se recomienda a las dependencias estatales que en forma coordinada desarrollen un programa de formación de servidores públicos con perspectiva de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas, y se gestionen partidas presupuestarias para que la Fiscalía General y la Procuraduría Social cuenten con traductores, asesores de víctimas, agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con conocimientos de cultura, tradiciones y las lenguas indígenas con presencia en el estado.

También, que los involucrados en la procuración e impartición de justicia, defensores de oficio y representantes de las víctimas apliquen las directrices del protocolo de actuación para los pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y que se promueva la formación de especialistas en derecho entre la población indígena y se les brinde la oportunidad de incorporarse al cuerpo de funcionarios que intervienen en los procesos jurisdiccionales.

Asimismo, se recomienda efectuar una revisión de todos los casos penales ya resueltos, o en trámite, en los que estén involucradas personas indígenas a fin de verificar si se cumplieron las formalidades especiales que establece la legislación y, en su caso, gestionar la reparación del daño a quienes resulten víctimas de agentes del Ministerio Público o defensores de oficio.

 

Poner en marcha campañas informativas mediante pláticas, folletos, trípticos y todo tipo de recursos pedagógicos, redactados en la lengua originaria de las diversas comunidades indígenas, en los que se les ilustre sobre los derechos previstos en la Constitución mexicana y los servicios que brindan las dependencias del poder Ejecutivo de Jalisco.

A los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado se les solicitó implementar programas de formación judicial sobre derecho y cultura indígena; y promover la acreditación de intérpretes, traductores, peritos y asesores jurídicos con conocimiento de la lengua y cultura de los pueblos indígenas. A los miembros de la LXI Legislatura del Congreso del Estado se les pidió instruir la armonización legislativa de las leyes locales con reconocimiento, respeto y protección de los integrantes de pueblos originarios y comunidades indígenas.

A los 125 gobiernos municipales se les solicitó desarrollar un programa de formación de servidores públicos con perspectiva de respeto a los derechos indígenas, que implique medidas que faciliten su inclusión en los diferentes ámbitos.

A las autoridades tradicionales del pueblo wixáritari, en coordinación con las autoridades del estado, integrar un órgano certificador del padrón de peritos e intérpretes en lengua y cultura wixárika.

 

Recomendación 39/15

Dirigida al doctor Jaime Agustín González Álvarez, secretario de Salud del Estado y director general del OPD Servicios de Salud Jalisco, por la violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica.

A finales del 2014, un hombre y una mujer presentaron queja ante esta Comisión en contra de varios servidores públicos del Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Prolongada (Caisame) y de otras dependencias. Afirmaron que su hija murió luego de que fue golpeada por su marido, quien fue arrestado e internado en el Centro Integral de Justicia Regional de Lagos de Moreno, acusado del delito de parricidio; sin embargo, una sala del Supremo Tribunal de Justicia lo declaró inimputable y fue trasladado al Caisame, del que se fugó a falta de medidas de seguridad, señaladas oportunamente por los agraviados.

Se recomendó al secretario de Salud que realice la reparación integral del daño a los quejosos; tramite y concluya un procedimiento sancionatorio contra María Guadalupe Mendoza, enfermera jefa de servicio en el Caisame Estancia Prolongada, y personal que pueda resultar involucrado en los hechos motivo de la resolución.

También, que se capacite en los temas de salud mental, derechos humanos y responsabilidades de los servidores públicos; se realicen talleres de salud laboral entre el personal que labora en el Caisame; y que se elabore y ponga en práctica un protocolo de actuación para casos de intento de abandono del tratamiento de los pacientes. Se solicitó al funcionario un análisis integral de las necesidades del Caisame para mejorar las condiciones materiales de sus instalaciones, y que gestione la autorización del presupuesto requerido para la ampliación de la plantilla laboral. Asimismo, se dirigieron peticiones al titular de la Fiscalía Regional y al Consejo de la Judicatura del Estado.

Recomendación 38/15

Dirigida al maestro Alberto Uribe Camacho, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, por violación de los derechos a la libertad, legalidad, privacidad y propiedad.

Los primeros días de  diciembre de 2014, un hombre presentó queja a su favor, en contra de elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco y de policías investigadores de la delegación regional centro de la Fiscalía General del Estado.

El ofendido explicó que durante el arresto, gendarmes con capuchas  le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, que perdió el conocimiento y que cuando lo recuperó ya se hallaba en los separos. Ahí le hicieron firmar una declaración respecto a cierto estupefaciente y al día siguiente recuperó su libertad por detención ilegal. Agregó que mientras estuvo detenido, los policías ingresaron a su domicilio, robaron pertenencias y extorsionaron  a su mujer.

La CEDHJ constató la violación de derechos humanos y recomendó al presidente municipal de Tlajomulco que tramite y concluya procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los policías y se agregue copia de la presente resolución  a sus expedientes.

Se le pidió capacitación en derechos humanos para el personal de la Comisaría de Seguridad Pública; se reparen de forma integral los daños causados al afectado y que se inscriba la presente Recomendación en el registro que ordena la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco.

Se solicitó a Carlos Antonio Zamudio Grave, fiscal regional del Estado, que inicie una investigación por la posible comisión del delito de extorsión en contra del policía Enrique Silva Gutiérrez, adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga, y, en caso de proceder, se ejerza la acción penal correspondiente.

Recomendación 37/15

Dirigida al maestro Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, comisionado de Seguridad Pública del Estado, por violación de los derechos a la integridad y seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica.

            A mediados de diciembre de 2014 este organismo recibió la queja de una persona que afirmó haber tenido un conflicto familiar. Dijo que él y su hermano acudieron a la casa de sus suegros, donde su cuñado los agredió lanzándoles ladrillos y amenazas, por lo que se retiraron. Más tarde, al circular en automóvil por San Martín de Arriba, en Tlaquepaque, Jalisco, se les cerró una camioneta sin ningún logotipo oficial, donde venía el cuñado del afectado con dos hombres vestidos de civil y armados, los cuales comenzaron a dispararles. Las balas hicieron blanco en el hombro del quejoso y en la mano de su familiar, motivo por el que volcaron el automóvil y fueron trasladados en ambulancia en calidad de detenidos.

            Los agresores, identificados como los policías investigadores Antonio Guerrero Lomelí y Leonel Roque Quijas, negaron todas las imputaciones en su contra. Alegaron que un civil los requirió porque los afectados cometieron actos vandálicos en su domicilio, los persiguieron y sólo hicieron disparos al aire para detenerlos.

Una vez analizadas las actuaciones del expediente de queja, se comprobó que sí hubo una clara violación de los derechos humanos de los quejosos. Esta institución recomendó al comisionado de Seguridad Pública del Estado que integre los procedimientos sancionatorios en contra de los elementos de la Policía Investigadora del Estado, en virtud de que cometieron las irregularidades descritas.

También, que repare el daño sufrido por el agraviado; que se adjunte copia de esta resolución a los expedientes de los policías involucrados; y que capacite en derechos humanos a los dos servidores públicos.

A la directora general de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General se le pidió que integre la averiguación previa en contra de los policías por su presunta responsabilidad penal en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

 

 

 

 

 

 

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