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BOLETINES 2020 /Febrero
   
 
BOLETÍN 5 / Guadalajara, Jalisco, 13 de febrero de 2020

Emite la CEDHJ la Recomendación general 1/2020 por la dignificación de las condiciones laborales de las y los policías de Jalisco.

El origen de esta Recomendación general parte del análisis que realizó esta defensoría a diversas notas periodísticas, con las que se integraron las actas de investigación 106/2018 y sus acumuladas 136/2018, 9/2019 y 128/2019, las cuales hablan del rezago en materia de prestaciones y condiciones laborales óptimas, además del alto riesgo y vulnerabilidad a la que se exponen los elementos que conforman los distintos cuerpos policiales del estado, quienes cotidianamente arriesgan la vida para resguardar la seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los que habitan y transitan por Jalisco.

            Debido a que del resultado de las actas de investigación se obtuvieron indicios que sugerían violaciones de derechos humanos, esta Comisión inició de manera oficiosa la queja 6098/2019/II.

            Como antecedente, también fue citado el Pronunciamiento 4/2019 para que, se mejoren las condiciones laborales y de seguridad de las y los policías en Jalisco, documento donde se solicitó a las autoridades del poder Ejecutivo del Estado, así como de los 125 gobiernos municipales, que se implementaran una serie de acciones para prevenir y proteger la integridad física y psicológica de los elementos policiales y dotarlos de prestaciones sociales para dignificar su labor. También se identificó que las agresiones a las y los policías no sólo se presentan mientras realizan sus funciones, sino también en sus horas de descanso, generalmente cuando conviven con sus familias.

            Asimismo, la Recomendación general 2/2018, en la que se dieron a conocer en la voz de asociaciones civiles de seguridad pública, las injusticias que viven a diario las y los elementos policiales, consistentes en medidas de sanción laboral o administrativa sin que se respeten sus garantías de audiencia y defensa; opiniones médicas injustas en el ámbito de incapacidades o pensiones, en el caso de que los elementos hayan perdido parcialmente sus capacidades físicas o de salud; en este supuesto, son obligados a regresar a trabajar, sin importar que puedan exponerse a riesgos innecesarios, jornadas de trabajo inhumanas e inestabilidad laboral.

            Esta CEDHJ considera que la seguridad pública no es posible si a quienes son los principales responsables de garantizarla no se les respetan sus derechos humanos ni cuentan con las condiciones, equipamiento y elementos mínimos para desempeñar su trabajo de manera adecuada. Lo anterior es un requisito para que ellos también respeten las prerrogativas de la población.

            Con el objetivo de visibilizar el problema, esta Comisión elaboró un análisis cualitativo a partir de fichas descriptivas que contienen matrices de observaciones e irregularidades. El propósito fue identificar, de manera comparada, la diversidad de prestaciones y rezagos con que cuentan las y los policías en Jalisco. Derivado de ello, se solicitó al Gobierno del estado y a los 125 municipios que respondieran un cuestionario con diversos reactivos, y en el cual sólo 81 municipios atendieron. Cabe señalar que la mayoría no remitió documentación que respalde la información que se recibió.

Ameca, Atenguillo, Atoyac, Bolaños, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautla, Cuquío, Ejutla, El Grullo, Huejúcar, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, La Huerta, Mexticacán, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, Poncitlán, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, San Gabriel, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Sebastián del Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Teocuitatlán de Corona, Teuchitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Unión de San Antonio, Villa Corona y Zapotitlán de Vadillo, no brindaron la información requerida, a pesar de la obligatoriedad que imponen los artículos 85 y 86 de la ley que rige esa defensoría de derechos humanos.

            Una vez analizadas de manera conjunta las matrices de observaciones, fortalezas y debilidades, destaca lo siguiente:

  • No todos los elementos policiales del estado, así como de los municipios, cuentan con seguridad social. De la misma manera, no todos están afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal)
  • Falta fortalecer las prestaciones con guardería, riesgos de trabajo, jubilación por vejez y pensión en sus diversas modalidades.
  • El seguro de vida no forma parte de las prestaciones. Por lo tanto, no se otorga en todos los municipios.
  • No en todos los municipios se otorga el permiso por paternidad.
  • El equipamiento con que cuenta la mayoría de los municipios es escaso y está en malas condiciones.
  • Los chalecos antibalas en la mayoría de los casos están caducos.
  • No existe servicio profesional de carrera policial.

 

            Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017, al cierre de ese año se reportó que 23 052 personas realizan funciones de policía preventiva, tanto en la administración pública estatal como en los municipios del estado. La policía estatal es quien más elementos tiene asignados. En el Área Metropolitana de Guadalajara, el número de personas que realizan labores de policía preventiva a nivel municipal es de 6 884.
En lo que se refiere a la población de Jalisco, la información que proporciona el INEGI al 2015 se contabilizan 7 880 539 personas, de las cuales, 4 796 603, es decir, el 60.86 por ciento de la población estatal, habitan en el Área Metropolitana de Guadalajara. Tomando en cuenta lo anterior, se indica que a nivel estatal existe un policía por cada 342 habitantes, mientras que en el área metropolitana existe un policía municipal por cada 697 habitantes; lo anterior, sin considerar el número de policías estatales con presencia en cada municipio.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se sugiere desde 2006 un estado de fuerza promedio de 2.8 policías por cada mil habitantes. Al comparar esa cantidad con la del párrafo anterior, resulta más que evidente que existe escasez de policías en el estado y sus municipios.

            Con relación al rubro de la dignificación policial, un tema a superar es el de la percepción que tiene la ciudadanía sobre ellas y ellos.  La imagen de la policía está relacionada directamente con el tema del desempeño, lo cual se asocia con la brecha que se produce entre el aumento de la delincuencia y la capacidad policial para enfrentarla. Entre más grande es esta brecha en términos de resultados, mayor es la desconfianza y reserva de la población hacia la policía y su capacidad institucional.

             El reto de cambiar la percepción social sobre el cuerpo policial no es tarea fácil. Implica no sólo el involucramiento de los gobiernos municipales y el estatal, sino de quienes conforman las comisarías de seguridad pública del estado y de los 125 municipios. Deben de articularse acciones que coadyuven a edificar nuevas bases que fortalezcan los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, siempre respetando sus derechos humanos.

             La corrupción no tiene cabida en los cuerpos policiales y sus elementos. Por ello, es necesario crear lazos de confianza y de protección integral entre el Estado y los gobiernos municipales, al igual que con aquellos policías que, con honestidad y honradez, denuncian a los malos elementos de cualquier nivel jerárquico, mismos que despliegan conductas ilegales hacia el interior de sus corporaciones. Esto no sólo favorecería a las instituciones, sino a sus familias, ayudando de manera importante en su quehacer cotidiano.

            En materia de seguridad social a favor de las y los policías, de la información que proporcionaron la Secretaría de Seguridad del Estado y 81 municipios a la CEDHJ, se desprende que aún persisten deudas en este ámbito. El gobierno del estado, Ayutla, Jesús María, Mixtlán, Ocotlán, Quitupan, Santa María de los Ángeles, Tecolotlán, Tonalá y Tonila, no facilitaron información precisa sobre cuáles prestaciones de seguridad social otorgaban a sus policías.

            Hubo municipios que expresamente señalaron que no otorgaban seguridad social tales como Acatic, Atemajac de Brizuela, Atengo, Atotonilco el Alto, Cabo Corrientes, Colotlán, Cuautitlán de García Barragán, Degollado, El Salto, Encarnación de Díaz, Etzatlán, Guachinango, Hostotipaquillo, Huejuquilla, La Manzanilla de la Paz, Mascota, Quitupan, San Julián, Santa María del Oro, San Martín de Hidalgo, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlán, Tonaya, Totatiche, Tototlán, Tuxpan, Unión de Tula, Villa Guerrero, Villa Hidalgo, Villa Purificación, Yahualica de González Gallo y Zacoalco de Torres.

            Por otro lado, hay municipios que indicaron que proporcionan parcialmente las prestaciones de seguridad social, es decir, brindan solamente atención médica y/o enfermedad general, por lo que quedan pendientes otros rubros importantes tales como el riesgo de trabajo, jubilación y pensión en sus diversas modalidades. Los municipios que están en este supuesto son: Acatlán de Juárez, Amacueca, Amatitán, Arandas, Atemajac de Brizuela, Autlán de Navarro, Ayotlán, Cabo Corrientes, Cocula, Concepción de Buenos Aires, El Arenal, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jalostotitlán, Jilotlán de los Dolores, La Barca, Lagos de Moreno, Magdalena, Mazamitla, San Ignacio Cerro Gordo, San Juanito Escobedo, Tizapán el Alto, Tototlán, Valle de Juárez, Zapotiltic y Zapotlán del Rey.

            Hay municipios que han logrado avances considerables en la materia de mejorar prestaciones laborales a sus elementos policiales, y que sólo les hace falta apoyarlos con guarderías. En este caso, se encuentran El Limón, Gómez Farías, Puerto Vallarta, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto, San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Tecalitlán, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Valle de Guadalupe, Zapopan, Zapotlanejo y Zapotlán el Grande.

            Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara merece una mención especial, pues, además de dotar a sus elementos con un seguro de gastos médicos, aprobó en julio de 2019 la instalación de una guardería que trabajará las 24 horas de los 365 días del año, para los elementos operativos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara y de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

            En lo referente a los permisos de maternidad, según lo contempla el artículo 34 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se determinan 90 días de descanso con remuneración íntegra, pudiendo ser 30 antes de la fecha aproximada para el parto, y 60 más después de este. Llama la atención de esta defensoría de derechos humanos que Jalostotitlán, Encarnación de Díaz y San Miguel el Alto informaron que otorgan un plazo mucho menor al que establece dicha normativa, mientras que Cuautitlán de García Barragán, El Salto, Ixtlahuacán del Río, La Manzanilla de la Paz, Mixtlán y Quitupan indicaron que no brindan esta prestación elemental.

            En el rubro de los permisos de paternidad, el gobierno del estado, junto con diversos municipios, brinda esta prestación complementaria, no obstante que sólo está regulada por el artículo 132, fracción XXVII bis de la Ley Federal del Trabajo, normativa reglamentaria del apartado A del artículo 123 constitucional. En este apartado, Amacueca, Cuautitlán de García Barragán, El Salto, Guachinango, Ixtlahuacán del Río, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Mixtlán, Quitupan, Techaluta de Montenegro y Villa Purificación informaron que no brindan esta prestación.

            Con relación a los conceptos de horas extra y horario laboral, este organismo advirtió una diversidad de información que no es congruente, pues se manejan horarios que van de 12, 24 o 48 horas de trabajo por 12, 24 o 48 de descanso; es decir, 48, 60 o 96 horas de trabajo a la semana. Por lo anterior, es necesario diseñar horarios a favor de las y los policías que permitan una sana convivencia con sus familias y por supuesto, el descanso, pues son elementos básicos para su buen desempeño.

            En 2019, 446 policías fueron asesinados en el país. De esta cifra, 29 corresponden a Jalisco. La mayor preocupación de un elemento policial es perder su vida. Al ejercer esta profesión, también están en juego otros aspectos, como sus compañeros de trabajo y su familia, pues una persona que se dedica a una actividad de alto riesgo como es esta, corre el riesgo de no regresar a casa.

            De acuerdo con la información proporcionada, la Secretaría de Seguridad Pública, Arandas, Atotonilco el Alto, Ayotlán, Cabo Corrientes, Cuautitlán de García Barragán, Guadalajara, Jesús María, Lagos de Moreno, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Pedro Tlaquepaque, Tecalitlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Zapopan, Zapotiltic, Zapotlán el Grande y Zapotlanejo sí otorgan seguros de vida para sus elementos. Mención especial merece la Policía del Estado al considerar el seguro de vida como un derecho de los elementos de su corporación.

            Lo anterior es un avance en el logro de las prestaciones complementarias de los elementos policiales, pues les da la tranquilidad sobre el futuro de sus familias, en caso de que algo les suceda. Dar toda certeza a quienes todos los días salvaguardan la vida, la integridad, los derechos y bienes de las personas, así como también las libertades, el orden y la paz públicos, merecen evitar que en su pensamiento persista la idea de que sus familias pudieran quedar en el desamparo, en caso de que pierdan la vida en cumplimiento de su deber.

            Es necesario diseñar un protocolo que brinde total certeza a los deudos del policía caído en cumplimiento de su deber y, con ello, evitar una doble victimización. Los objetivos serían:

  • Garantizar a los beneficiarios designados, el pago oportuno del seguro de vida.
  • Designar a personal de la dependencia de adscripción para que ofrezcan la asesoría y el acompañamiento necesario durante todos los trámites que genera el deceso de una persona, con total sensibilidad y transparencia.
  • Se extienda durante el tiempo en que se lleva el trámite el apoyo económico a los deudos, con el fin de que puedan cubrir sus necesidades básicas.
  • Brindar el apoyo psicológico durante el tiempo que sea necesario a las víctimas indirectas.

 

           Es necesario articular acciones que auxilien a los deudos de los elementos caídos en cumplimiento de su deber. Ello se puede llevar a cabo mediante medidas legislativas que estipulen un fondo de apoyo para estos casos de emergencia o de muerte de los elementos, a fin de ayudar económicamente a sus familias o quienes detenten la calidad de víctimas indirectas. Se trata de un gesto de reconocimiento a su labor, de sensibilidad, buena voluntad y reciprocidad con quienes diariamente salen de sus hogares a arriesgar su vida para defender a la ciudadanía.

            Los altos niveles de inseguridad que viven el país y Jalisco inciden en el grado de estrés que pueda padecer la o el policía. A ello se suman factores como los trámites administrativos que los aleja de la vigilancia directa, como el llenado de los informes policiales homologados (IPH), entre otros; el sistema de trabajo por turnos, unido a la incertidumbre de lo que pueda presentarse y que, en la mayoría de las ocasiones, incide en falta de descanso y convivencia con la familia; la remuneración insuficiente que no satisface los requerimientos mínimos para mantener a sus familias; el equipamiento insuficiente, así como la escasez de personal que complica la prestación de apoyo cuando el policía afronta una sobrecarga notable de trabajo.

            Estos niveles de estrés que genera el trabajo policial, según la Organización Internacional del Trabajo, pueden causar problemas como desavenencias conyugales, alcoholismo e incluso suicidios. El Estado y los municipios tienen que estipular como parte de las prestaciones sociales de los cuerpos policiales, mecanismos de prevención al estrés policial, con el fin de evitar mayores problemas que incidan en la esfera laboral y familiar. Se deben practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a las y los policías expuestos a factores de riesgo psicosocial. Es necesario fortalecer la seguridad y salud para evitar factores de riesgo psicosocial a los que están expuestos y que ello permita lograr un trabajo digno a través de políticas, líneas estratégicas de acción y proyectos con un enfoque preventivo, para que prevalezcan centros de trabajo con condiciones seguras y saludables.

            Por lo anterior, esta CEDHJ emite las siguientes recomendaciones:

Al gobernador constitucional de Jalisco; al coordinador general estratégico de Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco, así como a las y los titulares de los 125 gobiernos municipales de Jalisco:

Se lleve a cabo la atención y la reparación integral del daño a favor de las y los policías de la Secretaría de Seguridad  del Estado y de los 125 gobiernos municipales, pues han sido afectados sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la violación de sus derechos humanos; sobre todo de quienes, con motivo de sus funciones, perdieron su vida, están desaparecidos, o hubieren sufrido una discapacidad parcial o total, y cuyos trámites están en curso, y donde además, sus familias aún no reciben las prestaciones económicas que en derecho les corresponden.

Se realicen las adecuaciones y los ajustes necesarios en sus presupuestos para que se mejoren los sueldos de los elementos policiales. Debe considerarse el alto riesgo al que se enfrentan cotidianamente, así como el incremento de la inseguridad, por ello este tema es de alta prioridad.

Se garantice la estabilidad laboral de los elementos policiales estatales y municipales. En congruencia con este tema, se deben realizar las adecuaciones necesarias a los procesos de control de confianza para garantizar el ingreso y permanencia de personas capaces, honestas y comprometidos con la función policial y el servicio a la comunidad.

Se realicen los ajustes, así como los convenios de incorporación necesarios, preferentemente con el IMSS o con alguna institución federal, estatal u organismo público descentralizado para que se brinden a las y los policías de su jurisdicción las prestaciones mínimas de seguridad social, donde se garantice:

  • Asistencia médica.
  • Prestaciones monetarias de enfermedad.
  • Prestaciones de desempleo.
  • Prestaciones de vejez.
  • Prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional.
  • Prestaciones familiares.
  • Prestaciones de maternidad.
  • Prestaciones de invalidez.
  • Prestaciones de sobrevivientes.
  • Guardería

 

Se lleven a cabo los ajustes administrativos y presupuestales necesarios para que afilien al Ipejal a los elementos policiales del estado, así como de los 125 gobiernos municipales, para que tengan derecho a obtener una pensión, así como al otorgamiento de créditos para una vivienda digna. Asimismo, que se valore la dotación de becas escolares para los hijos e hijas de quienes integran los cuerpos policiales del estado y sus municipios.

Se otorgue a las y los policías del estado y de sus municipios seguros de vida con cobertura amplia y se instrumente a favor de las víctimas indirectas, un protocolo para que se logre la pronta y expedita obtención del recurso que les ayude a continuar con sus proyectos de vida de manera digna. Se sugiere la creación de un área que ofrezca la asesoría y el acompañamiento necesario durante todos los trámites que genera el deceso de una persona, con total sensibilidad y transparencia.

Para el caso de los elementos policiales que se están desaparecidos, se solicita que también se brinde a favor de las víctimas indirectas, asistencia y asesoría jurídica integral, para que, en los casos que ellas así lo decidan, realicen el trámite y obtengan la declaración de ausencia por desaparición, con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y las de sus familiares y dependientes.

Se considere la creación de un fondo estatal de apoyo a familiares y dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, así como de quienes están desaparecidos. Asimismo, que se valore la participación de las asociaciones civiles que representan a este sector, con el fin de que se garantice su debido funcionamiento y la transparencia de su operación.

Se brinde el permiso para paternidad, así como autorizaciones para asistir a eventos relevantes para la vida familiar.

Se lleven a cabo las acciones necesarias para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad, así como de los 125 municipios de Jalisco, tales como patrullas, radios, chalecos no caducos, uniformes —en cantidad, frecuencia y calidad suficientes—, armamento, etcétera. Asimismo, que se implemente en cada comisaría un reglamento interno que se refiera a los procesos de mantenimiento y reemplazo de este equipamiento, así como de supervisión. Para aquellas comisarías, sean estas estatales o municipales, cuyos elementos policiales no cuenten con las licencias de portación de arma, se regularice a la brevedad dicho trámite, con el fin de brindarles certeza jurídica.

Realizar las adecuaciones normativas necesarias para que se institucionalice y se reglamente la jornada limitada de trabajo o de servicio, con el objetivo de tener días de descanso semanales y periódicos, a favor de las y los policías estatales y municipales, y que esto repercuta en una sana convivencia familiar y de descanso. En el caso de la jornada extra y acuartelamientos, que se les retribuya económicamente lo que les corresponda. Todo ello sin descuidar el estado de fuerza necesario para cumplir con el derecho a la seguridad pública que tiene la ciudadanía.

Instauración de una auténtica carrera de formación policial, así como de procesos de ascensos, para una profesión que cotidianamente se vuelve más peligrosa. También se sugiere informar a las y los elementos policiales del estado y de los municipios las reglas debidamente definidas, donde se contemplen los requisitos para dichas promociones, tomando en cuenta la profesionalización y que todos los resultados sean públicos. Se pretende con ello desterrar los amiguismos y la corrupción del interior de las corporaciones.

Se incluya en los reglamentos aplicables el reconocimiento público a aquellas o a aquellos policías que, con valentía y excelencia, sobresalen por su valor, capacidad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

Articular los procesos administrativos internos necesarios que garanticen y protejan con total sigilo, a aquellas o aquellos policías que, con honestidad y honradez, denuncian a elementos - de cualquier nivel jerárquico - que despliegan conductas ilegales en el interior de sus corporaciones y que dañan su imagen ante la sociedad.

Con el fin de atender los problemas psicológicos que enfrentan las y los policías estatales y municipales, como el estrés, ansiedad, depresión y deficiencias en su desempeño laboral, se solicita que se les brinde acompañamiento terapéutico para garantizar su estabilidad emocional. Asimismo, que se impartan talleres de capacitación para el manejo positivo del estrés, inteligencia emocional, comunicación asertiva y técnicas para el control de emociones. De igual forma, es preciso garantizar el trato digno por parte de sus superiores.

En atención a la NOM-035-STPS-2018 sobre Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo-Identificación, Análisis y Prevención, se ponga en marcha su aplicación, con el fin de establecer los elementos que identifiquen, analicen y prevengan los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en las comisarías de seguridad pública de su jurisdicción.

Se realice un diagnóstico de las bases de policía, con el fin de detectar los rezagos en su equipamiento y mantenimiento. Hecho lo anterior, que se lleven a cabo las adecuaciones para que estas sean dignas para las y los policías.

Se pongan en marcha programas de capacitación y formación en materia de derechos humanos, tácticas y técnicas policiales, manejo de armas, lengua de señas mexicana, así como indígena, dirigidos a todo el personal operativo de las diversas corporaciones policiales del estado y de los municipios, con el fin de fortalecer el respeto de los derechos humanos, la operatividad y atención a grupos vulnerables.

Que, de manera coordinada, el gobierno del estado y los 125 municipios revisen el procedimiento o protocolo que se realice en los exámenes de control y confianza, con el fin de que sea más ágil y otorgue mayor certeza a los aspirantes. Asimismo, se brinde respeto y se evite caer en actos de hostigamiento o discriminación respecto al grado académico, tanto de quienes desean pertenecer a las corporaciones policiales como de quienes ya pertenecen.

Se lleven a cabo las adecuaciones normativas y reglamentarias necesarias para que se contemplen los protocolos tendentes a garantizar la protección de las y los elementos de policía estatales y municipales, así como de sus familias, en los casos en que estén en situaciones de amenaza o agresiones graves, donde, de forma coordinada, se implementen y fortalezcan las medidas urgentes para proteger su seguridad personal. Ello con mayor urgencia y a favor de quienes han participado en la investigación de casos relacionados con la delincuencia organizada o la detención de personas que participan en estas organizaciones delictivas.

En apego al principio pro persona y de máxima protección del personal de Bomberos y Protección Civil del Estado y de los 125 municipios, quienes también en sus labores diarias arriesgan su vida, se valore el homologar a su favor las recomendaciones generales descritas, con el fin de transitar también a la dignificación de su valiosa labor.

Al Congreso del Estado:

Instruya a una comisión para que elabore el estudio, análisis y dictamen de una propuesta de iniciativa de ley donde se establezca un marco jurídico favorable para la dignificación de las y los policías del estado y de los 125 municipios.

Aunque no son autoridades involucradas como responsables en esta resolución, pero tienen atribuciones y competencia en los hechos, se hacen las siguientes:

4. Peticiones

Al titular del Organismo Público Descentralizado Policía Metropolitana:

Detectar al interior de la nueva figura que representa, los rezagos que se han presentado en las comisarías locales y con ello, fortalecer este nuevo cuerpo policial.

Al titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco:

Proceda en caso de no tener el registro, a registrar como víctimas indirectas a los familiares de las y los policías del Estado y de los municipios que están desaparecidos, con el propósito de brindarles la atención y reparación integral que corresponda.

Se otorgue a favor de las víctimas indirectas la atención y reparación integral que conforme a derecho proceda, mediante medidas y garantías que correspondan, incluyendo las inherentes a la compensación subsidiaria y acceso a los fondos correspondientes.

Otorgue la asistencia y asesoría jurídica integral a las víctimas indirectas para que en los casos que ellas así lo decidan, realicen el trámite y obtengan la declaración de ausencia por desaparición, con el fin de regular de manera apropiada la situación legal de las personas desaparecidas y las de sus familiares y dependientes.

A los titulares de los órganos internos de control de Ameca, Atenguillo, Atoyac, Bolaños, Cañadas de Obregón, Casimiro Castillo, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Cihuatlán, Cuautla, Cuquío, Ejutla, El Grullo, Huejúcar, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, La Huerta, Mexticacán, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Pihuamo, Poncitlán, San Cristóbal de la Barranca, San Diego de Alejandría, San Gabriel, San Marcos, San Martín de Bolaños, San Sebastián del Oeste, Tala, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Teocuitatlán de Corona, Teuchitlán, Tlajomulco de Zúñiga, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco, Tuxcueca, Unión de San Antonio, Villa Corona y Zapotitlán de Vadillo:

Que, con motivo de la omisión de brindar la información que este organismo solicitó en la integración del acta de investigación 106/2018 y sus acumuladas 136/2018, 9/2019 y 128/2019, así como la queja 6098/2019/II, se solicita el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quien o quienes resulten responsables, pues lo anterior favoreció el entorpecimiento de dichas investigaciones.

 

 

 

 

 

     
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