DHumanos
Número 81
Ombudsman
El Consejo opina
Los derechos humanos de los migrantes
Desde la perspectiva del Estado protector, resulta innegable su obligación de velar por los derechos humanos de todas las personas que se localicen en su territorio, y no exclusivamente de sus nacionales.
premio
Mtro. Raúl Bermúdez Camarena
Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

Calificados como problemas socioeconómicos y políticos, de terribles consecuencias, son los que se desprenden de las rutas migratorias que siguen nuestros connacionales para llegar al territorio de Estados Unidos, sin pasaporte ni visa de trabajo, y que reflejan sus esperanzas de alcanzar el “sueño americano”. Se atribuye a James Truslow Adams la autoría del “sueño americano”, esa célebre frase que inmortalizó en su libro titulado Épica de América, de 1931. Su búsqueda se entiende como el esfuerzo de los extranjeros por comprar casa, hacer fortuna y ascender en el orden social, merced a la aceptación política que les otorgue el sistema estadounidense. Durante la segunda guerra mundial, la mano de obra mexicana fue estratégicamente requerida por los agricultores estadounidenses, y auspiciada por su gobierno, para mantener en alto la producción agropecuaria. Sin embargo, al finalizar el conflicto armado se redujeron las invitaciones para los trabajadores mexicanos, en aras de preservar esas labores agrícolas para los estadounidenses, quienes desdeñan las pesadas faenas del campo. Desde la perspectiva del Estado protector, resulta innegable su obligación de velar por los derechos humanos de todas las personas que se localicen en su territorio, y no exclusivamente de sus nacionales. Pero en una mala interpretación de este argumento, el gobierno de EU emitió su política pública de persecución y deportación en contra de quienes no reúnan los requisitos de nacionalidad, por nacimiento o por naturalización, resultando entonces que la estadía de los inmigrantes, además de irregular, por la forma de internarse a su territorio, es ilegal, además de constitutiva de delito. Debemos tomar conciencia de las necesidades materiales que requieren satisfacer los migrantes mexicanos y sus familias en su riesgoso viaje de internación a Estados Unidos, además de los peligros naturales de la geografía fronteriza, al enfrentar el fenómeno espacio-temporal de la pérdida de su régimen de derechos humanos, y de asumirse como presuntos delincuentes para la patrulla fronteriza (borderpatrol). No obstante, también en EU, a partir de la década de 1980, algunos condados han erigido a sus comunidades en ciudades santuarios, es decir, cada vez son más los gobiernos locales que por mayoría establecen políticas públicas de protección a los inmigrantes indocumentados, con el propósito de no procesarlos por presuntas violaciones a las leyes federales de inmigración. Se trata de ciudades que no aplican fondos locales para hacer cumplir las leyes de inmigración, y que prohíben a su policía local inquirir sobre el estatus migratorio de las personas. Finalmente, en el ámbito internacional resulta que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aunque fue firmada por Estados Unidos el 1 de junio de 1977, todavía no ha sido ratificada, es decir, carece de la correspondiente declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, el gobierno estadounidense sigue renuente para someterse a la jurisdicción de la mencionada corte.

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