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Número 86
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Una historia, una queja
Por portación de maquillaje
En la Recomendación 33 de este año, la CEDHJ documentó violaciones a personas de la comunidad LGBTTTIQ, por parte de policías de Zapopan.

Esa madrugada de septiembre de 2016, además del maquillaje y el clima, circunstancias diarias de su trabajo, Andrea tendría que batallar con uno de sus mayores riesgos laborales: la policía de Zapopan.
Fue el día 9. Andrea —en su credencial del IFE dice que se llama Francisco, pero ese nombre siempre le ha sonado ajeno—, se untó el rostro con maquillaje y se metió en ropa de mujer, como lo ha hecho desde hace años. Ante el espejo y ante ella siempre ha sido mujer, y a muchas que han tomado la misma decisión la vida les ha marcado el mismo camino.
Salió esa noche, igual que todas, hacia Plaza del Sol, en el sur de Zapopan. Se paró en la esquina de la avenida López Mateos y la calle Tezozomoc, a la espera de que un cliente. Vive del trabajo sexual.
Vino un hombre a pie. Tenía acento italiano. Acordaron un precio. Abordaron un coche de alquiler.
Apenas habían caminado unas calles cuando las luces de una torreta encandilaron el interior del coche. Una patrulla de la policía municipal se emparejó y le marcó el alto al chofer. Los dos vehículos se detuvieron cerca de López Mateos y Conchitas.
Los oficiales bajaron, se asomaron al interior y empezaron con el interrogatorio: que a dónde iban, que a qué se dedican, que estaban cometiendo un delito. Que les dieran dinero. Una extorsión. Otra vez. Andrea se rehusó. Su acompañante también. Los policías soltaron los improperios. Soltaron todos los que la discriminación ha acumulado en la historia para las transexuales.
Pero la cosa no acabó ahí para Andrea y otras trabajadoras sexuales de la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer (LGBTTTIQ) que trabajan alrededor de Plaza del Sol.
Entre las 3:30 y las 4:00 de la madrugada del 10 de septiembre de 2016, Andrea volvió a ser hostigada. De nuevo a bordo de un coche de alquiler.
Iba con unas amigas hacia su casa cuando otra patrulla las detuvo sobre López Mateos, a unos metros de Mariano Otero. Y de nuevo las preguntas. Y de nuevo el intento de extorción. Y de nuevo los insultos.
Ahora los policías le pedían dinero al chofer. May, una de las transexuales a bordo, grabó la escena. Otra vez el oficial de Zapopan se dio por vencido.
En el desprecio que les tiene, jamás pensó que las ofendidas levantarían la voz. Se equivocó. “Estos actos son repetitivos […] continuamos día a día siendo víctimas de hostigamiento, extorsión y abuso de autoridad por parte de los policías”, acusó May ante la CEDHJ, en la queja que ella y Andrea presentaron el 12 de septiembre de 2016.
La Comisión empezó la investigación siete días después. Pidió a la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan oficios, actas circunstanciadas, fotografías, testimonios, informes, grabaciones de frecuencias...
Según Vicente M, uno de los policías señalados —dice que no es homofóbico—, aquella noche sólo hizo una revisión de rutina ante los supuestos señalamientos de los vecinos, con relación a la prostitución, el exhibicionismo y el robo a los transeúntes.
En sus declaraciones, el resto de los oficiales mostró estadísticas de los índices delictivos del área. Los adjudican a la comunidad transexual que trabaja ahí, lo cual es, por sí solo, un acto de discriminación Las víctimas también aportaron pruebas: dos grabaciones sobre la actitud de los gendarmes, de 1:21 y 3:03 minutos, en un disco compacto.
La CEDHJ determinó, en la Recomendación 33 de 2017, que los policías de Zapopan, Vicente M y Luis M violaron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, la libertad personal y el trato digno en contra de las sexoservidoras.
Las violaciones de los derechos de las transexuales comienzan desde que las califican como un problema de inseguridad. Los policías intentaron demostrarlo con índices de delito en el área de Plaza del Sol. Creen que los conflictos y “escándalos” en las calles de la zona son responsabilidad de quienes se dedican al sexoservicio. Estigmatizan.
En su recomendación, dirigida al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, la CEDHJ pide que la administración municipal inicie un procedimiento hacia los policías Vicente M y Luis M, por haber violado el derecho a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personas de las víctimas, a las que se deberá reparar el daño.
El organismo solicita al alcalde que ordene a la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan, la suspensión permanente y definitiva de las “revisiones de rutina”: contravienen a la Constitución Mexicana. Que en cambio, dependencias como el DIF y Servicios de Salud municipales, realicen estudios, censos, diagnósticos y proyectos para quienes se dedican al sexoservicio. Que la policía de Zapopan deje de ser un riesgo laboral para Andrea y sus compañeras.


Vanessa Robles
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