DHumanos
Número 85
Primer artículo
Nuestras acciones
Ómbudsman pide restitución de tierras, mayor seguridad y reparación del daño para comunidades wixaritari
Mencionó que el Gobierno del Estado debe actuar de forma solidaria considerando que ya tenía conocimiento de la situación de inseguridad en la zona.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pidió a las autoridades estatales y municipales garantizar la seguridad al territorio wixaritari, se haga la restitución de tierras para las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, así como la reparación integral colectiva por el asesinato de los defensores de derechos humanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, asesinados el 20 de mayo pasado.

Álvarez Cibrián al dictar la Recomendación 31, la primera en la historia de la defensoría en resolverse en menos de 40 días, puntualizó que se comprobó la violación de los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica por el indebido cumplimiento de la función pública en contra de los líderes wixaritari, sus deudos y al pueblo en general.

Explicó que hubo por parte de los policías una indebida actuación u omisión de sus funciones en tres momentos: primero, al detener a los involucrados en una riña y su posterior liberación sin activar el proceso de justicia administrativa; segundo, al haber llegado a la localidad y no permanecer ahí, ya que fue justo en ese lapso cuando presuntamente ocurre el doble homicidio; tercero, después del homicidio en dos aspectos específicos: uno, al no hacer frente ante la eventual huida de los agresores; y dos, al no actuar en el marco de sus atribuciones para intervenir como primeros respondientes del delito.

Mencionó que el Gobierno del Estado debe actuar de forma solidaria considerando que ya tenía conocimiento de la situación de inseguridad en la zona.

El ómbudsman determinó que se está ante un hecho victimizante, al tratarse de una actuación omisa, imprudente e irregular cometida en agravio no sólo de los deudos de las dos víctimas directas, sino también de todos los habitantes de Tuxpan de Bolaños y en general de las comunidades wixaritari, por lo que se debe hacer una reparación del daño colectiva.

Señaló que las autoridades no pueden exponer como justificación la presencia de supuestos grupos ilegales en la zona, ya que, como se ha mencionado, el deber de garantizar la seguridad pública es una obligación del Estado; más aún, en lugares donde previamente les ha sido señalada la presencia de grupos criminales.



Se presentaron más Recomendaciones


El presidente de la CEDHJ presentó la Recomendación 29 dirigida a Francisco Ayón López, secretario de Educación Jalisco, por la violación de los derechos a la integridad y seguridad personal, y a la libertad sexual, en agravio de un alumno de la escuela Jesús González Gallo, al que sus compañeros agredieron.

La madre del menor presentó queja ante este organismo y relató que la docente María de Jesús Solís Vidal se ausentaba constantemente del salón de clase, lo que ocasionó que el niño fuera víctima de violencia sexual por parte de sus compañeros de grupo.

Durante la investigación de campo que realizó esta institución en el plantel escolar, quedó acreditado que, contrario a lo señalado por la profesora, los alumnos fueron víctimas y observadores de violencia sexual mientras la servidora pública salía del salón, toda vez que los mismos manifestaron que sí obligaban al menor de edad agraviado a llevar a cabo actos sexuales orales.

La CEDHJ solicita la reparación integral del daño al menor, se inicie un proceso sancionatorio a la servidora pública, se dé atención psicológica y pedagógica a la víctima y a los alumnos.

La Recomendación 30 fue dirigida a Marisela Gómez Cobos, fiscal central de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, la falta de perspectiva de género y el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Álvarez Cibrián explicó que una mujer presentó queja, ya que aseguró que desde agosto de 2014 acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia en contra de su esposo por el delito de violencia intrafamiliar, y a la fecha no había obtenido respuesta por parte de las autoridades del Ministerio Público.

Se acreditó que las autoridades involucradas, quienes eran los encargados de investigar e integrar el acta de hechos, no cumplieron su deber de procurar justicia pronta, imparcial y expedita, pues incurrieron en omisiones en la práctica para la óptima integración de la indagatoria.

La Comisión le solicitó la reparación integral del daño a la víctima, fortalecer la capacitación al personal para garantizar, en cada asunto que les corresponda conocer, las investigaciones que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos y atender a las víctimas en un plazo razonable. También se sancione a los servidores públicos involucrados. Al fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General Dante Jaime Haro Reyes, le pidió inscribir esta Recomendación en el Registro de funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos y al encargado de la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la misma Fiscalía, Reymundo Gutiérrez Mejía, investigue los hechos documentados e inicie procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los agentes responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en agravio de la víctima.

Las Recomendaciones mencionadas y la 28 y 27 de 2017, se pueden consultar en la web de la institución:

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