La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos cuando se hace a través de un uso abusivo del derecho penal y se emplea como estrategia para frenar y desgastar las labores de defensa.

El inicio de acciones penales sin fundamento contra defensoras y defensores de las comunidades indígenas y el uso de tipos penales para inhibir la defensa de sus territorio y derechos son recursos intimidatorios al alcance de quienes agreden a los pueblos originarios, con la tolerancia o la aquiescencia del Estado, y buscan la prevalencia de sus intereses por la inacción de estos pueblos para la defensa de los propios.

En 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó de forma detallada el problema del uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales. Paradójicamente, el mismo año que la CIDH emitía su informe, el líder indígena nahua Miguel Monroy Gerardo era encarcelado.

En su caso, llama la atención la rapidez con la cual se integró y consignó ante un juez la averiguación previa en su contra y de 23 indígenas de la comunidad nahua de Ayotitlán por acciones que guardan relación con la defensa de su territorio; tal celeridad observada en la expedición y ejecución de las órdenes de aprehensión contrasta con la lentitud pasmosa del proceso judicial que lo ha mantenido en prisión desde diciembre de 2015, y hasta julio de 2017 no ha recibido sentencia en primera instancia.

El procesamiento judicial injustificado de líderes indígenas constituye una agresión en contra de los demás integrantes de la comunidad y disminuye sus labores de defensa. Este impacto negativo se agrava por la prolongación irrazonable de los procesos penales. De conformidad con el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, toda persona debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

El uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y defensores genera en éstos una serie de impactos negativos a nivel personal y colectivo, afectando su salud física y generando efectos a nivel familiar y social. En particular, tiene influencia negativa en la defensa de su comunidad u organización de la cual forman parte. Quien se encuentra procesado penalmente debe invertir su tiempo y recursos en su defensa procesal y pierde condiciones para atender su trabajo o el de su grupo.

Este conjunto de factores a su vez genera un efecto amedrentador y paralizante en la comunidad de defensoras y defensores, quienes por miedo a sufrir represalias pueden llegar a abstenerse de realizar sus tareas de promoción y protección de las libertades esenciales, lo cual repercute en la sociedad en general.

La defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo son factores de lucha contra la corrupción y el abuso de poder. El trabajo de defensores y periodistas con frecuencia se vuelve incómodo tanto para las entidades públicas como para las privadas, pues ejercen la crítica y la denuncia, lo cual les coloca en una mayor vulnerabilidad. Sin embargo, no podemos perder la perspectiva de que son la piedra angular de la democracia.

Existen diferentes formas de violencia y censura contra defensores y periodistas, desde homicidios, desapariciones, amenazas y agresiones físicas, allanamiento de domicilios particulares o a las oficinas de defensores y medios de comunicación, hasta represalias disfrazadas de demandas penales o civiles.

En cuanto a la duración de la prisión preventiva, la Corte Interamericana ha indicado que el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos “impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esa medida cautelar”. En atención a esta disposición, toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso en su contra.

La Corte Interamericana ha señalado que dicho plazo no puede establecerse en abstracto y que en el análisis de la prolongación de la detención preventiva, los factores para determinar el plazo razonable deben ser evaluados de forma más estricta y limitada debido a la privación de libertad que subyace.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han considerado que la detención continua e indefinida de personas sin el ineludible respeto del derecho al debido proceso es arbitraria y constituye una clara violación al derecho internacional.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos refiere que uno de los grupos de defensores más criminalizados, frente a la mayoría de los procesos judiciales y detenciones arbitrarias en México, son aquellos que protegen y promueven los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los activistas que defienden los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y los derechos a la tierra, agua y ambiente seguro.

Los señalamientos de las instancias internacionales demandan que de manera urgente las autoridades competentes revisen el caso de Miguel Monroy Gerardo y regularicen el actuar del Estado mexicano a los estándares de la justicia internacional a favor de quienes trabajan.