DHumanos
Número 85
Primer artículo
Análisis
Los riesgos en el trabajo periodístico y de defensa de los derechos humanos
Se advierte un creciente riesgo para quienes realizan labores periodísticas y de defensa de las libertades fundamentales en aquellos lugares en los cuales existe una lucha contra el crimen organizado.

En años recientes han aumentado, como nunca antes en la historia de México en tiempos de paz, los homicidios intencionales y las desapariciones de personas; en este contexto social convulso y altamente complejo destacan los peligros que deben sortear quienes desarrollan actividades periodísticas y de defensa de los derechos humanos, expuestos a la intimidación, la amenaza y la agresión directa.

Se advierte un creciente riesgo para quienes realizan labores periodísticas y de defensa de las libertades fundamentales en aquellos lugares en los cuales existe una lucha contra el crimen organizado; así ha dado cuenta recurrentemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al redactar sus informes al término de los periodos ordinarios de sesiones en los años recientes; la misma circunstancia anotan las estadísticas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015, en el programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos se han integrado un total de 380 expedientes respecto de casos de personas defensoras; de ellos, el 70.27 por ciento fueron recibidos entre 2011 y 2015, lo cual deja en claro el incremento de agravios en su contra.

El estado de Jalisco no ha sido ajeno a esta dinámica nacional con efectos en toda el área del sistema interamericano de derechos humanos caracterizada por actos de intimidación, agresiones, amenazas, homicidios y desapariciones de periodistas y líderes indígenas. Esta dolorosa realidad nos presenta múltiples retos por superar desde la sociedad, para el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales.

La amplia doctrina que se ha escrito sobre el tema ha considerado como defensoras y defensores a aquellos líderes campesinos y representantes comunitarios, así como a líderes indígenas que realizan actividades para reivindicar y promover los derechos de sus respectivas poblaciones.

La constante resistencia indígena ante el despojo de sus territorios les ha generado una cadena de actos de intimidación, amenazas y agresiones; la más reciente derivó con el homicidio, el 20 de mayo de 2017, de Agustín Vázquez Torres y su hermano Miguel, dos indígenas wixaritari defensores de su territorio y además promotores y defensores de los derechos humanos de su pueblo.

Si bien hasta el momento no existe evidencia que señale responsabilidad directa de agentes del Estado, la CEDHJ investigó la forma en la cual incidieron sus omisiones en el deber de proporcionar los servicios de seguridad y protegerlos por haber sido objeto de amenazas con motivo de su actividad.

De haber cumplido las autoridades municipales y estatales con ese deber jurídico asumido por México a nivel internacional, se hubiera evitado la agresión que terminó con sus vidas. La CIDH ha indicado en su sentencia del Caso Algodonero que la responsabilidad de los Estados de actuar con la debida diligencia frente a violaciones de derechos humanos se extiende a las acciones de actores no estatales o particulares, y para tales efectos es suficiente que se demuestre que ha habido apoyo o tolerancia del poder público.

El derecho a la vida es fundamental y básico para el ejercicio de cualquier otro derecho, incluyendo la defensa de los derechos humanos; así lo ha considerado la Corte Interamericana en la sentencia Jaramillo versus Colombia; en este sentido, solamente cuando las personas defensoras cuentan con una apropiada protección de sus derechos pueden buscar la protección de sus semejantes.

La lesión del espectro de derechos que protege la dignidad humana en casos así no se circunscribe únicamente al derecho a la vida, sino que, dada su integralidad, impacta en los demás derechos de la comunidad de la cual eran integrantes y de otros grupos y líderes que enfrentan las mismas luchas; particularmente, en el derecho de asociarse libremente, sin miedo o temor; provocando tales agresiones un efecto amedrentador sobre otras personas vinculadas a este tipo de causas sociales. Criterio que ha sostenido la CIDH, en los casos Huilca Tecse versus Perú y Kawas Fernández versus Honduras.

De los casos paradigmáticos verificados en años recientes por agravios a personas que desarrollan actividades de defensa, destaca la desaparición de Celedonio Monroy Prudencio, cuya indebida procuración de justicia motivó que la CNDH hiciera valer su derecho de atracción, investigara la actuación de las autoridades y al agotar las diligencias del caso concluyó que el Estado de Jalisco era responsable de indebida procuración de justicia en agravio del líder indígena nahua y su familia, por lo cual emitió la Recomendación 67/2013. Subsiste hasta la fecha la incertidumbre desgarradora que padecen amigos y familiares por no saber en dónde está su ser querido y continúan enfrentando los obstáculos en sus demandas por justicia y por conocer la verdad con respecto a su paradero.

La desaparición de Celedonio Monroy Prudencio abona a la larga cadena de agravios en contra de la comunidad indígena de Ayotitlán que con valentía, determinación y a pesar de sus trágicas circunstancias, continúan en la defensa de su territorio como recipiente del vasto contenido histórico y cultural que representa la pervivencia de este pueblo indígena. En México se aprobó el 22 de junio de 2012 la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene, entre otros objetivos, establecer la cooperación de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para desarrollar, implementar y operar las medidas de prevención que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, como consecuencia del trabajo en la defensa de los derechos humanos, o el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, las cuales estarán encaminadas al diseño de sistemas de alerta temprana y planes de contingencia con la finalidad de evitar agresiones potenciales a los integrantes del sector periodístico.

Aunque el mecanismo de aplicación ha presentado algunas deficiencias, es sin duda un avance en los niveles de protección para quienes defienden los derechos y ejercen el periodismo que se vean amenazados por los grupos de poder. Como pendiente inmediato se encuentra la integración del consejo consultivo que será el responsable de operar el mecanismo en el ámbito local y cuya convocatoria se encuentra en curso.

Como parte de las acciones que podemos impulsar para favorecer la protección de periodistas y de quienes defienden derechos humanos está el promover el reconocimiento público de su trabajo, dejando en claro que una sociedad democrática se caracteriza por altos niveles de protección y garantías a estos sectores.

La lucha de Agustín y Miguel Vázquez Torres busca refugio en la palabra para sobrevivir; la voz de las personas que defienden los derechos humanos y ejercen el periodismo es el vehículo que los conducirá a través del tiempo a la memoria de los hechos que no habrán de repetirse. Es pertinente repetir de manera incansable sus nombres para mantener vivo su recuerdo y con él la esperanza del pueblo wixárika en el triunfo de su lucha por la preservación de sus territorios y todos los elementos culturales que en él se albergan; habremos de honrar con obras su lucha para verles de frente en el espejo de la historia.

Callar la afrenta de su muerte y la trascendencia de ésta es abrir la puerta a mayores agresiones en contra de quienes permanecen en la lucha y reclaman la solidaridad del resto de sus congéneres.

Testimoniar y documentar las vicisitudes por parte de quienes continúan en labores periodísticas y de defensa es un primer paso; por su parte la Fiscalía del Estado debe agotar las investigaciones de los homicidios y desaparición de líderes sociales con trabajo de defensa de sus comunidades, así como de los móviles y debe intensificarse las estrategias de seguridad en sus comunidades para el pronto retorno de la paz y tranquilidad en ellas.



Doctor Alfonso Hernández Barrón
Tercer visitador general de la CEDHJ
Doctor Eduardo Sosa Márquez
Encargado de la Cuarta Visitaduría General de la CEDHJ
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