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LOGOTIPO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO  
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RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL 2018
   
 
  RECOMENDACIÓN 22/2018 15 dejunio 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del estado de Jalisco

Maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza
Presidente municipal interino de Guadalajara

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la vida por la obligación de garantía, legalidad y seguridad jurídica y el derecho de las víctimas de delito.

MOTIVO
 

El 29 de agosto de 2017,(finado), un estudiante universitario de 17 años de edad, junto con su amigo (agraviado1), regresaba a su domicilio después de haber acudido a recibir clases de lengua extranjera en el Programa universitario de lenguas extranjeras (Proulex) de la Universidad de Guadalajara, cuando transitaba por la calle de Río Madeira, en la colonia Olímpica, en esta ciudad, fue víctima de un asalto por parte una persona, quien con el propósito de despojarlo de su teléfono celular, lo agredió con una arma punzocortante, derivando en que a los pocos minutos perdiera la vida.

El 8 de septiembre de 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió dos quejas, la primera presentada por (quejosa 1), (quejoso 2) y (quejosa 3), y la segunda por (quejoso 4), en su calidad de presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), quienes en lo general se refirieron a la inseguridad que prevalece en el área metropolitana de Guadalajara, atribuida a autoridades estatales y municipales, lo cual ha provocado la pérdida de vidas humanas de estudiantes, mujeres, niños y de personas con diversas actividades, quienes son robados y violentados en medios de transporte público, en la calle, en instituciones educativas. En lo particular, en ambas quejas se refirió la muerte de (finado). Por ambas quejas se emitió la recomendación general 2/2018 y se realizó un desglose para resolver particularmente la violación de los derechos humanos de (finado).

(finado) como cariñosamente lo llamaban sus padres, era el menor de cuatro hermanos y se distinguía por su dedicación al estudio y su espíritu solidario y de servicio. Desde corta edad fue reconocido por sus logros escolares y en vos de su padre “cualquiera que lo haya conocido seguramente lo recordará por su sonrisa y su capacidad para superar los problemas, siempre tenía un buen gesto para dar, optimista, atento y emotivo…”.

De la investigación practicada por esta Comisión, si bien no puede acreditarse la responsabilidad de algún servidor público del Gobierno del Estado o del Ayuntamiento de Guadalajara, cuya responsabilidad es concurrente en materia de seguridad pública, sí se acredita una responsabilidad institucional que derivó en violaciones de los derechos humanos de (finado) y de (agraviado).
 
  RECOMENDACIÓN 21/2018 15 dejunio 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del estado de Jalisco

Maestro Roberto Alarcón Estrada
Comisario general de Seguridad Pública de Zapopan

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la vida, por la obligación de garantía, a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos.

MOTIVO
 

El lunes 21 de mayo del año en curso, acaecieron diversos sucesos y hechos delictivos, que comenzaron, de acuerdo con informes preliminares de las autoridades, con un atentado al entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Dicho acto fue perpetrado por varios sujetos que dispararon en contra del secretario y de su equipo de seguridad, quienes, al salir de un restaurante en zona céntrica de Guadalajara, repelieron la agresión.

En medios oficiales de comunicación, la Fiscalía General del Estado informó que cuatro de los lesionados son civiles, entre ellos dos niñas, los demás son elementos policiales y uno de ellos resultó herido de gravedad. Los causantes se fugaron y minutos después algunos presuntos responsables fueron detenidos por elementos de corporaciones policiales de Zapopan y del estado, en la calle López Mateos, cerca del centro comercial La Gourmetería. Al momento de su captura, se les aseguraron armas cortas y largas.

Posteriormente, durante la tarde y noche de ese mismo día se registraron tres bloqueos donde fueron incendiados vehículos y de ellos resultaron cinco personas lesionadas, entre ellas, la señora (agraviada) y su (menor occiso), que se encontraban en un camión de transporte público y que resultaron con quemaduras en 90 y 98 por ciento, respectivamente, de su cuerpo. Tras ser atendidos, lamentablemente el menor de edad perdió la vida y la madre se encuentra en estado de salud grave.

El mismo día, a las 17:50 horas, cuerpos policiales localizaron un grupo de probables causantes del atentando que transitaba sobre la vialidad Adolfo López Mateos, cerca de la avenida de la Tijera, donde ocurrió un nuevo enfrentamiento y lastimosamente una bala perdida acertó en el cuerpo del señor (finado), que cruzaba por un puente peatonal.

 
  RECOMENDACIÓN 20/2018 15 de mayo 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Diputadas y diputados integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco*

 
CONCEPTOS
 

Sobre el derecho a la identidad de género de las personas trans en atención al levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexogenérica*.

MOTIVO
 

Distinguidas(os) señoras(es):

1. Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) ha observado con preocupación el clima de persecución, desigualdad y desagregación que enfrentan las personas de la población lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual y demás expresiones e identidades de género (LGBTI ) en nuestra entidad federativa. En torno a esta población hay una historia de discriminación motivada entre otras causas por la insuficiente armonización de los marcos legales que deben garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, lo cual implica falta de cumplimiento a los deberes y obligaciones en materia de derechos humanos debidamente establecidos en nuestro máximo ordenamiento jurídico.

 

* En la presente Recomendación no se señala ninguna responsabilidad de violación de derechos humanos por parte de algún integrante del Congreso, por lo que esta Comisión respeta el poder soberano de esa autoridad, sin embargo se emite para abonar en una cultura de igualdad y no discriminación en la labor legislativa.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2005). Informe núm. 36, “Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América”. OEA/Ser. L/V/II.Doc.36. Aborda más identidades y expresiones de género en atención progresiva: lesbianas, gays, bisexuales, trans (travesti, transexuales, transgénero) e intersexuales, así como las demás expresiones e identidades de género (LGBTI).

 

 
  RECOMENDACIÓN 19/2018 18 de abril 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Ingeniero Aristeo Mejía Durán
Director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado

Maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza
Presidente municipal de Guadalajara

Maestro Fernando Ortega Ramos
Director General del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara

 
CONCEPTOS
 

Violación al derecho a la legalidad, seguridad jurídica, información, y a un medio ambiente sano

MOTIVO
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos atendió a vecinos pertenecientes al (Colectivo), quienes se inconformaron por las autorizaciones que el Ayuntamiento de Guadalajara había otorgado al complejo habitacional conocido como Gran [...] o Torres [...]. Según su dicho, el proyecto consistía en más de mil quinientas habitaciones distribuidas en múltiples torres que iban de 12 a 14 niveles, situación que incrementaría no sólo la densidad demográfica en la zona, sino también originaría conflictos de vialidad y potenciaría la demanda de servicios municipales.

La inconformidad se amplió también por la obra que proyecta y ejecuta el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en el interior del [...], denominada Colector Pluvial [...], la cual amenaza directamente al medio ambiente y privaría a los vecinos de la utilización de dichas áreas de recreación.

 

 
  RECOMENDACIÓN 18/2018 2 de abril 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Luis Jaime Ruiz Mojica
Presidente municipal interino de Lagos de Moreno, Jalisco

Alfonso Petersen Farah
Secretario de Salud del estado de Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal; al trato digno y a la salud mental.

MOTIVO
 

El 24 de mayo de 2017, agentes de la Comisaría de la Policía Municipal Preventiva de Lagos de Moreno, Jalisco, ingresaron al área de barandilla de la cárcel municipal de esa población al (agraviado), a quien habían rescatado cuando intentaba lanzarse de una de las torres del templo de El Refugio. Horas después de haber sido ingresado a la cárcel municipal, sufrió una crisis nerviosa y fue llevado al hospital regional, en donde sólo le suministraron un medicamento y fue regresado a la cárcel municipal, donde perdió la vida en la madrugada del 25 de mayo de 2017.

Durante la integración de la queja se evidenció que no existía motivo justificado para ingresar a la víctima a la cárcel municipal. No se tomaron las medidas oportunas y necesarias por el personal encargado de su aseguramiento, y en el hospital regional de la Secretaría de Salud no le brindaron la atención médica y psiquiátrica adecuada; aunado a que los servidores públicos de ambas dependencias no cuentan con la capacitación, la infraestructura, ni los protocolos de actuación para la atención de personas en situaciones de crisis. Aunado a ello, se evidenció que tanto el ayuntamiento como la Secretaría de Salud no tuvieron coordinación para la atención de pacientes con crisis psiquiátricas o alguna enfermedad mental, lo cual provocó la violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal; al trato digno y a la salud mental.

 
  RECOMENDACIÓN 17/2018 2 de abril 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del  estado de Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y en la atención a víctimas del delito de desaparición de persona.

MOTIVO
 

El 4 de abril de 2017 compareció la (quejosa) para reclamar la falta de cumplimiento de las propuestas de conciliación dirigidas por esta Comisión el 19 de marzo de 2014 al entonces fiscal general del estado, maestro Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, dentro de los expedientes de queja 6159/13/III y su acumulado 6160/2013/III, la cual había sido aceptada por dicha autoridad. La causa que dio origen a la queja fue que el 24 de mayo de 2013, su hijo agraviado (cuyos datos se omiten para salvaguardar su identidad) desapareció junto con dos personas en Lagos de Moreno, sin que se hubiesen investigado los hechos oportunamente y con la debida diligencia y profesionalismo, para determinar quién o quiénes fueron los presuntos responsables de dicho delito.

 

 
  RECOMENDACIÓN 16/2018 23 de marzo 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Licenciado Aarón César Buenrostro Contreras
Presidente municipal del Ayuntamiento de Tala

Maestro Fausto Mancilla Martínez
Fiscal Regional de Estado de Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad en relación al debido cumplimiento de la función pública, a la vida, a la integridad física y seguridad personal, al acceso a la justicia y a la verdad: obligación del estado de investigar de manera eficaz y expedita, así como a la negativa de atención integral a víctimas.

MOTIVO
 

El 11 de abril de 2017, el (quejoso 1) presentó queja contra quienes resultaran responsables de la Dirección General de Seguridad Pública de Tala, ya que habían detenido a su hijo (agraviado), quien después de haber sido ingresado al área de detenidos, perdió la vida dentro de una celda.

El 13 de septiembre de 2017, la (quejosa 2) se inconformó contra elementos de Seguridad Pública, así como del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional del Estado, ambos con sede en Tala, toda vez que consideró que existió negligencia por parte de los policías encargados de la custodia de los detenidos en la cárcel municipal y que el fiscal no realizaba las diligencias tendentes a identificar al responsable de la muerte de su hijo (agraviado).

Durante la investigación, quedó evidenciado que el personal encargado de la custodia de los separos municipales de Tala, no tomó las medidas necesarias para el resguardo del detenido, y carecía de la preparación sobre vigilancia y custodia, así como de los conocimientos básicos en primeros auxilios. Además en las instalaciones no existían cámaras de vigilancia.

En tanto, el representante social encargado de la integración de la carpeta de investigación que se inició con motivo del deceso del (agraviado), incurrió en dilación en su integración, puesto que transcurrieron por lo menos diez meses sin actuación.

De acuerdo con las pruebas aportadas y desahogadas oficiosamente por este organismo se concluyó que el alcaide de la Dirección de Seguridad Pública de Tala, a través de Alberto López Macías, elemento de la DGSPMT, violó en agravio del (agraviado) el derecho a la legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, a la vida, a la integridad física y seguridad personal, y Édgar Javier Quiñonez López,, agente del Ministerio Público adscrito a Tala, violó en agravio de los aquí peticionarios sus derechos a la procuración de justicia y acceso a la verdad, así como a la negativa atención a víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos, al incumplir con la obligación de investigar de manera eficaz y expedita la muerte del (agraviado) y la negativa de atención a las víctimas indirectas.

 

 
  RECOMENDACIÓN 15/2018 22 de marzo 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

C. José Espinoza Contreras
Presidente municipal de San Cristóbal de la Barranca

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, así como a la legalidad y seguridad jurídica.

MOTIVO
 

El 13 de abril de 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió la queja por comparecencia del (quejoso) a favor del (agraviado1), quien en su ratificación señaló que el 12 de abril de 2017, como a las 00:30 horas, el (agraviado 1) y la (agraviada 2, finada) circulaban en un vehículo por la carretera Guadalajara-Colotlán cuando, al pasar por el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Rigoberto observó a varios policías, por lo que se dio vuelta en “U” para retornar a Guadalajara. Tal situación motivó que los siguieran dos unidades de la Dirección de Seguridad Pública de San Cristóbal de la Barranca, y les hicieran varios disparos con arma de fuego. El (agraviado 1) resultó […] y […], mientras que la (agraviada 2 finada) perdió la vida por […], además fue […] y […]. Los policías argumentaron que el vehículo en que viajaban tenía reporte de robo, que por ello les marcaron el alto, pero que hicieron caso omiso y respondieron con armas de fuego.

 
  RECOMENDACIÓN 14/2018 28 de febrero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Licenciada María Luisa Urrea Hernández Dávila
Directora general del IJAS

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del Estado

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la propiedad y a la legalidad y seguridad jurídica por inobservancia del marco normativo

MOTIVO
 

Las personas peticionarias (quejosa 1) e (quejoso2), de manera separada manifestaron ante esta Comisión que en 2016 sus automotores fueron rematados por el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), por adeudos generados por la guarda y custodia de sus automóviles asegurados por órdenes ministeriales e ingresados en un depósito del referido instituto. Los remates se llevaron a cabo sin haber recibido alguna notificación formal que les informara de tal situación para poder evitarlo. Durante el trámite de las quejas se requirieron a los titulares del IJAS y de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), en virtud de que de manera conjunta ordenaron los procedimientos administrativos de ejecución y sus posteriores remates.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó los actos atribuidos a las citadas autoridades, particularmente que nunca notificaron en sus domicilios a los afectados, lo que provocó la violación de los derechos humanos a la propiedad, a la legalidad y seguridad jurídica por inobservancia del marco normativo, en perjuicio de las personas agraviadas.

 
  RECOMENDACIÓN 13/2018 28 de febrero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del Estado de Jalisco.

Maestro Luis Octavio Cotero Bernal
Director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y en la atención a víctimas del delito.

MOTIVO
 

El 29 de noviembre de 2016, el peticionaria reclamó que el 29 de septiembre de 2016 desapareció un familiar de (…) años de edad, quien era chofer del servicio (…), por lo que presentó denuncia ante una agencia del área de Desaparecidos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Señaló que por indagaciones que este hizo obtuvo información del último viaje que realizó y otros datos que podían establecer una línea de investigación, lo que informó en varias ocasiones al agente del Ministerio Público, quien se mostró indiferente, contrario a la buena disposición de este para colaborar en la investigación. Al ver que no se desprendían avances, cayó en una enorme angustia que le estaba consumiendo por no localizar a su familiar.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó que diversos agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la FGE, de manera deficiente, negligente, ilegal e irregular, fueron omisos, para realizar las respectivas investigaciones tendentes a la búsqueda y localización del hoy finado familiar del agraviado, no obstante las visibles líneas de investigación que se deducían de las actuaciones ministeriales, así como para que se agilizara su identificación, ya que su cuerpo sin vida se entregó a una perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para practicar las pruebas sobre su perfil genético y elaborar el dictamen de ADN, pues no fue sino hasta tres meses y veinticuatro días después que lograron identificarlo, a pesar de que fue ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) el 17 de octubre de 2016. Se acreditó también que no hubo coordinación, colaboración y comunicación entre las referidas áreas de la FGE, lo que impidió que el aquí agraviado pudiera recibir el cuerpo de su familiar dentro de los diecisiete días en que se le localizó, pues le fue entregado a más de cuatro meses después, lo cual generó su revictimización y la violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y en la atención a víctimas del delito.

 
  RECOMENDACIÓN 12/2018 15 de febrero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del Estado de Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, igualdad, derechos laborales y a la no discriminación.

MOTIVO
 

El quejoso 1 presentó queja en esta CEDHJ en contra de Bernardo Arzate Rábago, director de Recursos Humanos, y Yolanda Salomé Santiago Villela, coordinadora general de Administración y Profesionalización, ambos de la Fiscalía General del Estado (FGE). La peticionaria señaló que es empleada de la citada dependencia, adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Contra de las Mujeres y que desde 2013 recibía el Incentivo por Certificación para el personal operativo, el cual dejó de pagársele, ilegalmente y sin previa notificación a partir de que obtuvo la incapacidad por maternidad el 24 el octubre de 2017, lo cual fue acreditado por esta comisión, determinando que se le violaron sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, igualdad, derechos laborales y a la no discriminación.

 
  RECOMENDACIÓN 11/2018 18 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza
Presidente municipal de Guadalajara

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos de la niñez, a la legalidad y seguridad jurídica

MOTIVO
 

El sistema DIF Guadalajara ha firmado convenios específicos de colaboración con el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) para fungir como autoridad ejecutora de resoluciones judiciales que tengan como finalidad que durante un juicio se garantice la convivencia entre menores de edad y sus progenitores, en el entendido de que es la autoridad judicial la que ordena y define la forma de llevar a cabo las convivencias, pudiendo ser asistida, supervisada o de entrega-recepción. Actualmente son seis municipios de los 125 los que cuentan con un convenio de colaboración como el mencionado en el párrafo que antecede; de estos el ubicado en el parque Hundido, en el municipio de Guadalajara fue el que se estudió en la presente investigación, donde fueron acreditados los señalamientos en torno a la contaminación acústica a la que son expuestos los usuarios del Centro de Convivencia, ya que el salón de usos múltiples del centro recreativo donde se imparten clases de jazz, zumba y karate comparte sus instalaciones con la ludoteca y las oficinas de trabajo social y psicología, situación que ha propiciado conflictos entre los usuarios. Se acreditó también que las condiciones en las que se presta el servicio no son las óptimas para una sana convivencia entre los menores de edad y sus progenitores, que la atención interdisciplinaria no se lleva a cabo como tal, y que tanto el Consejo como el Sistema DIF Guadalajara han incumplido las cláusulas del convenio específico de colaboración, situación que transgrede no sólo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, sino también el principio del interés superior de la niñez.

 
  RECOMENDACIÓN 10/2018 30 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

C. María Elena Limón García
Presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica por prestación indebida de la función pública

MOTIVO
 

En febrero de 2017, tres personas presentaron queja por escrito en su favor y de vecinos del fraccionamiento (…), en contra del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, por considerar que se toleró la instalación, construcción y operación de antenas de telecomunicación de forma ilegal en esa colonia. El ayuntamiento aseguró que no expidió licencia o permiso para la instalación de las estructuras, y reconoció que no cuentan con dictámenes estructurales y de protección civil correspondientes, por lo que se limitó a colocar sellos de clausura, argumentando que con ello concluye su intervención. De las investigaciones practicadas se pudo verificar la existencia de las antenas y que se permitió la construcción y operación ilegal en una zona prohibida por el Reglamento de Zonificación Urbana para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, al ser meramente habitacional. El ayuntamiento sólo se limitó a clausurar mediante la colocación de sellos, continuando en funcionamiento las antenas. Además sin los dictámenes municipales que se requieren, se expone a los vecinos del fraccionamiento a sufrir posibles lesiones y daños en sus bienes. Con ello se transgredió el derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, en su modalidad de prestación indebida de la función pública, al no haber retirado o demolido las antenas como medida de seguridad pertinente y suficiente previstas en los reglamentos municipales y legislación estatal de la materia.

 
  RECOMENDACIÓN 9/2018 30 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente municipal de Zapopan

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, a la protección de la salud y del derecho al desarrollo.

MOTIVO
 

El 28 de febrero de 2017, los diarios El Informador y Excélsior publicaron una nota con los encabezados: “Cuatro civiles fallecen en choque de dos patrullas de Zapopan” y “Mueren 4 peatones en choque de patrullas de la policía de Zapopan”, donde señalaban que cuatro jóvenes murieron y otros resultaron heridos a causa de un accidente vial ocurrido en calles de la colonia Miramar entre dos patrullas de Zapopan que acudían a un servicio por causa de un automóvil robado. El comisario general de Seguridad Pública de Zapopan, señaló a dichos medios que las unidades apoyaban la búsqueda de un vehículo robado cuando la colisión de las dos patrullas provocó que una de ellas se proyectara hacia la banqueta donde se encontraban varias personas, a las que atropelló, y que como institución responderían por los hechos. Debido a ello se inició la queja 753/17/II. Por estos hechos, el 4 de agosto, así como los días 10 y 25 de octubre de 2017, se adhirieron a la queja la quejosa 1 a favor del agraviado 1; Quejosos 2, a favor del agraviado 2, así como el quejoso 3 a favor del agraviado 3. Agotada la investigación, se comprobó que los funcionarios involucrados violaron el derecho humano a la vida de finado 1, finado 2, finado 3, finado 4; y a la integridad y seguridad personal de agraviado 1, agraviado2, agraviado 3, lesionada 1, lesionada 2 y lesionada 3.

 
  RECOMENDACIÓN 8/2018 29 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Doctor Alfonso Petersen Farah
Secretario de Salud Jalisco y
Director General del OPD Servicios de Salud Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, a la protección de la salud y del derecho al desarrollo.

MOTIVO
 

El 1 de marzo de 2017 se desglosó de la queja 178/2017/III y sus acumuladas la 7469/2016, presentada por el quejoso 1 y habitantes de la localidad de San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, por lo que en la citada fecha se ordenó su investigación por separado por presuntas violaciones a su derecho humano de acceso a los servicios de salud, inconformidad que al encontrarse admitida, llevó a requerirle su informe de ley al entonces titular de la Secretaría de Salud Jalisco, por la inadecuada atención médica en las localidades de esa comunidad. Las personas peticionarias manifestaron que la atención que recibían era tardía y deficiente, que tenían dificultades para acudir y trasladarse a recibir la atención médica, y que quienes contaban con el servicio de la seguridad social a través del Seguro Popular se encontraban con las limitantes del desabasto de medicamentos y materiales; por consiguiente, debían adquirirlos de forma directa, pero al carecer ellos de recursos económicos se interrumpía su tratamiento. Ello se corroboró con las investigaciones que realizó personal jurídico de esta Comisión.

 
  RECOMENDACIÓN 7/2018 29 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Al maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del Estado

Ingeniero Javier Franco Esqueda
Presidente municipal de La Barca

 
CONCEPTOS
 

violación de la legalidad con relación a la libertad, a la integridad y seguridad personal y al debido cumplimiento de la función pública, así como a la igualdad en conexidad con los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y al trato digno.

MOTIVO
 

El 11 de enero de 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió la queja que por escrito presentó la jueza undécima de lo Penal del Primer Partido Judicial, a favor del quejoso 1. Refirió que dentro del proceso penal 51/2010-C, fue víctima de tortura por parte de personal de la agencia del Ministerio Público de La Barca, perteneciente a la Fiscalía General del Estado. El quejoso, al ser entrevistado por personal de esta defensoría, reclamó que fue detenido en La Barca por policías municipales y elementos de la Policía Investigadora del Estado, acusado  de robo, por el cual se inició en su contra el proceso penal 03/2010 en el Juzgado Penal de Primera Instancia de La Barca, donde con golpes  la agente del Ministerio Público, un secretario o actuario de la agencia ministerial, así como varios elementos de la Policía Investigadora lo obligaron a firmar documentos bajo amenazas de que abusarían sexualmente de este. Firmó incluso una declaración donde se le acusaba falsamente de haber cometido un delito en Guadalajara, Jalisco.

La parte agraviada amplió su inconformidad el 17 de enero de 2017, y señaló que no se había atrevido a decir ante autoridades judiciales por temor a los policías investigadores que la indagaron, a los elementos de La Barca que la custodiaron en la cárcel pública y a sujetos del crimen organizado, a quienes la fiscal, de nombre Minerva y los policías investigadores, la habían entregado y durante cinco días se la llevaron a una casa, donde abusaron del quejoso 1 sexualmente. Dijo que ya estando en la cárcel de La Barca, por alrededor de año y medio los diversos policías que lo custodiaron, en varias ocasiones y regularmente por las noches, lo entregaban a esas personas, quienes se la llevaban y abusaban de este. Que durante el tiempo que estuvo sujeto a investigación en la agencia ministerial de La Barca, los servidores públicos que señala, amenazaron, golpearon y obligaron a firmar documentos ministeriales sin que estuviera presente ningún abogado que lo asistiera en su defensa. También se inconformó en contra de dos peritos del IJCF por dilatarse en emitir un dictamen psicológico y otro de estrés postraumático, ordenados en el proceso penal 51/2011-C integrado en el Juzgado Undécimo de lo Criminal.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó los actos atribuidos al personal de la Fiscalía General del Estado, así como de la Comisaría de Seguridad Pública de La Barca, lo cual provocó la violación de los derechos humanos a la legalidad con relación a la libertad, integridad y seguridad personal y al debido cumplimiento de la función pública, a la igualdad en conexidad con los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y al trato digno.

 
  RECOMENDACIÓN 6/2018 8 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal General del Estado

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública, acceso a la justicia y dilación en la procuración de justicia, por la negativa de asistencia a víctimas de delito.

MOTIVO
 

El 2 de marzo de 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) recibió la queja del quejoso, quien refirió que el 1 de mayo de 2015, al circular un vehículo del transporte público de pasajeros, propiedad de él, por la carretera Ocotlán-Jamay, fue robado por un grupo de la delincuencia organizada. Cuando interpuso la denuncia; los representantes sociales de la agencia del Ministerio Público de La Barca dilataron su integración bajo el argumento de que no se podía hacer nada con su asunto, por lo cual consideró que se le impidió su derecho humano al acceso a la justicia. Además, ninguno de los representantes sociales ordenó las medidas que conforme a la Ley de Atención a Víctimas del Estado tenía derecho a recibir.

De la investigación practicada por esta Comisión se comprobaron los actos atribuidos a los agentes del Ministerio Público Araceli Castañeda López, Marivel Díaz Martínez, Martín Campos Arias (exfiscal) y Jesús Cortés Rojas, que permitieron la violación del derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, por incumplimiento de la función pública, acceso a la justicia y dilación en la procuración de justicia, por la negativa de asistencia a víctimas de delito.

 
  RECOMENDACIÓN 5/2018 8 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez
Director general del OPD Hospital Civil de Guadalajara

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la protección de la salud, por negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos; a la Legalidad y Seguridad Jurídica y al derecho a la vida

MOTIVO
 

A finales de febrero de 2017, una señora embarazada de su segundo hijo acudió al Hospital Civil Juan I. Menchaca para que le programaran la fecha de su cesárea. La citaron el 7 de octubre de 2017 para la interrupción de su embarazo; acudió en esa fecha y le mandaron hacer estudios. Después de cuatro días de acudir al nosocomio, los médicos le aseguraban que aún había tiempo, le requirieron estudios y donadores de sangre como condicionamiento para practicarle la cirugía. Hasta el 11 de octubre de 2017 le hicieron un ultrasonido pélvico que arrojó como resultado la presencia de anhidramnios y la necesidad de su remisión al área de Tococirugía para la interrupción del embarazo. El médico, al ver los resultados, le informó que el bebé ya no tenía líquido, que era urgente su traslado al hospital particular El Ángel, debido a que tenían nueve cesáreas programadas antes que la de ella, y no había camas ni ambulancias. La mujer se trasladó en taxi de inmediato, llegó a ese hospital minutos antes de las 16:00 horas, la ingresaron y esperó hasta que ingresó al quirófano aproximadamente a las 19:00 horas, y antes de las 20:00 horas, un médico les informó que la bebé había fallecido.

De las investigaciones practicadas se acreditó que los médicos Luz María Ríos Ramírez, Héctor Librado Montañez Núñez y Sergio Fajardo Madrigal, todos del Hospital Civil Doctor Juan I. Menchaca, transgredieron el derecho a la protección de la salud, por negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos; a la legalidad y seguridad jurídica y al derecho a la vida en agravio del quejoso, la agraviada y de la menor fallecida, al no haberle brindado una atención oportuna a la segunda de las mencionadas, y derivarla a un hospital de inferior nivel cuando se trataba de una urgencia, además de remitirla por sus propios medios a dicho nosocomio, y no mediante una ambulancia, acompañada de personal médico que le fuera brindando la atención médica que requería, como lo establece la normatividad.

 
  RECOMENDACIÓN 4/2018 8 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

C. Sergio Chávez Hernández
Presidente municipal de Tonalá

 
CONCEPTOS
 

violación de la integridad, seguridad personal (lesiones) y allanamiento de morada

MOTIVO
 

E1 1 de enero de 2017, entre las 22:00 y 23:00 horas, se suscitó una riña en los cruces de las calles […] y […], en la […], del municipio de Tonalá, por lo que elementos de la CSPT intervinieron para tratar de controlar la situación, y fueron agredidos por los participantes en la riña. Solicitaron apoyo de más elementos, quienes al llegar trataron de calmar a las personas, pero algunos de ellos ingresaron sin orden legal al domicilio del agraviado y lo agredieron físicamente, detonaron sus armas de cargo en su contra, y de ello resultó lesionado de su pie derecho.

 
  RECOMENDACIÓN 3/2018 8 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del Estado

Licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente municipal de Zapopan

Maestra Consuelo del Rosario González Jiménez
Procuradora social del Estado

 
CONCEPTOS
 

Violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (lesiones y tortura), al trato digno, y a la legalidad y seguridad jurídica (abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública)

MOTIVO
 

El 23 de enero de 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió queja de manera personal de Quejoso, quien reclamó que alrededor de las 12:00 horas del 7 de abril de 2015 caminaba por una avenida cerca de la carretera a Tesistán, cuando le marcaron el alto policías municipales de Zapopan y lo subieron a la parte de atrás de una patrulla pick up, que ahí le pusieron esposas y tres oficiales fueron ofendiéndolo y golpeándolo en la nuca con las manos abiertas. Manifestó que luego llegaron a sus oficinas, donde lo hincaron en un patio y ahí volvieron a golpearlo con pies y manos en la espalda por un lapso de dos horas, además de quitarle sus pertenencias, sin decirle por qué estaba detenido. Posteriormente, ese mismo día lo entregaron a dos personas que lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde los policiales investigadores lo introdujeron en un cuarto y ahí lo golpearon y le dieron […] durante toda esa tarde, la noche y dos días más. Señaló que al tercer día de su detención lo visitó un abogado, quien le llevó a firmar un juicio de amparo, pero no lo firmó, ya que los referidos policías le dijeron que si lo presentaba le iría peor.

Agregó el quejoso, que después le dieron a firmar unos papeles que no le permitieron leer y como se negaba a firmarlos, volvieron a golpearlo hasta que no aguantó y los firmó en presencia de un abogado que, según le dijeron era el de oficio, pero éste no dijo nada ni lo asesoró. Luego fue trasladado al RPE, y el inconforme aclaró que el Ministerio Público que integró la indagatoria, lo amenazó de que si no firmaba le pondrían más pruebas en su contra.

En actuaciones se recabaron diversos partes médicos y un dictamen psicológico, de los que se advierte que en el tiempo que estuvo bajo la guarda y custodia de los oficiales de la Policía Municipal de Zapopan que lo detuvieron y de los elementos de la PIE que lo investigaron, presentó múltiples lesiones en su cara y cuerpo, así como trastorno de estrés postraumático, de los cuales se deduce que éstas le fueron infligidas por los citados gendarmes, con la complacencia del fiscal y del agente social que intervinieron en su declaración ministerial, quienes fueron omisos de levantar y solicitar, respectivamente, la elaboración de la fe ministerial de las múltiples lesiones visibles que presentaba, lo cual se traduce en un encubrimiento del ilegal e irregular actuar de los citados policías, además de que ambos abogados tenían la obligación constitucional de presentar denuncia penal ante el Ministerio Público por las lesiones que presentaba el agraviado y pedir que la CEDHJ iniciara procedimiento de queja por las evidentes violaciones de derechos humanos.

 
  RECOMENDACIÓN 2/2018 8 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del Estado

 
CONCEPTOS
 

Violaciones de los derechos a la integridad y seguridad personal (lesiones y tortura), a la dignidad, así como a la legalidad y seguridad jurídica.

MOTIVO
 

El 11 de enero de 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recibió el oficio 7470/2016, suscrito por la licenciada Gabriela G. de León Carrillo, jueza undécima de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como constancias del expediente (…), instruido en contra del quejoso 1 con seudónimos, quejoso 2 con seudónimos y quejoso 3 con seudónimos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, en agravio del agraviado difunto 1; actuaciones en las que se ordenó girar oficio a este organismo, dado que los procesados mencionados, al rendir su declaración preparatoria, refirieron haber sido víctimas de tortura por parte de la autoridad ministerial consignadora, perteneciente a la Fiscalía General del Estado. Al ratificar la queja, los presuntos agraviados, de manera toral argumentaron que durante la investigación sufrieron golpes y tortura por parte de los elementos de la Policía Investigadora del Estado para que aceptaran los hechos en que los involucraban. Posteriormente, el 20 de julio de 2017, el quejoso 3 aclaró los hechos motivo de su queja, y también se quejó de los policías investigadores del área de secuestros de la FGE.

 
  RECOMENDACIÓN 1/2018 8 de enero 2018

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Raúl Sánchez Jiménez
Fiscal general del Estado

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (lesiones y tortura), al trato digno y a la legalidad y seguridad jurídica (abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública)

MOTIVO
 

El 23 de noviembre de 2016, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió queja de manera personal de la quejosa, en su favor y de su cónyuge agraviado, quien reclamó que alrededor de las 18:00 horas del 29 de agosto de 2016 se encontraban ambos y un familiar en su casa, cuando llegaron diversos policías de la Comisaría de Seguridad Pública del Estado, quienes encañonaron al Agraviado; luego, dos de ellos la introdujeron a la Quejosa y a su Familiar en su domicilio para después esculcar la casa. Le preguntaron dónde estaban las armas y las drogas; después metieron al agraviado en la casa y ahí lo vio golpeado, además de llevarse diversas pertenencias y una camioneta. Enseguida a su familiar y a ella las metieron en un baño; luego un policía se subió con el agraviado a la camioneta de su propiedad y se fueron con una patrulla tras de sí.

Por su parte, el agraviado, en la ratificación de su queja, reclamó que ese día se encontraba con la quejosa y su familiar en su domicilio, cuando llegaron los policías involucrados, quienes de manera violenta y agresiva se le fueron a los golpes, incriminándolo de tener armas y haber cometido diversos delitos; después lo ingresaron en su casa y ahí le dieron toques en manos y testículos, luego lo metieron en un cuarto y con golpes le preguntaban por supuestas armas, lo cual presenció su familiar, a quien también aventaron.

En tres partes de lesiones elaborados al agraviado por médicos del Reclusorio Preventivo del Estado, de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara y de la Delegación Estatal de la PGR, este organismo advirtió que en el tiempo que estuvo bajo la guarda y custodia de los oficiales que lo detuvieron, presentó lesiones en pómulo izquierdo, en región malar izquierda, en parte frontal izquierdo, en región malar derecha, en hombro izquierdo, en la parte central del escroto, en rodilla derecha, en el centro de la pierna izquierda y en región cigomática ipsilatera, así como tres equimosis en hueco axilar derecho en región deltoidea izquierda y siete costras secas puntiformes en la cara anterior del tercio distal de la pierna izquierda.

 
 
 
     
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