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LOGOTIPO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO  
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RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL 2019
   
 
  RECOMENDACIÓN 18/2019 12 de agosto 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Jorge Alonso Arellano Gándara*
Presidente Municipal de Colotlán

 

* La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en la anterior administración, pero se dirige a la actual autoridad para que se tomen las providencias señaladas, desde la responsabilidad institucional que trasciende las administraciones.

 
CONCEPTOS
 

Violación del derecho a la legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, derecho a la integridad y seguridad personal, y derecho a la vida.

MOTIVO
 

El 17 de agosto de 2018, a las 12:15 horas, (Víctima), fue detenido por dos policías del Ayuntamiento de Colotlán, por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, y lo trasladaron a los separos de la cárcel municipal. (Víctima) era conocido públicamente por padecer [...], estuvo dentro de las celdas, sin que el personal a cargo tomara las medidas pertinentes para salvaguardar su integridad física, lo que le provocó severas heridas en su cuerpo, que causaron su deceso a las 8:00 horas del día siguiente, y no fue hasta las 11:40 horas cuando avisaron a sus familiares del fatídico incidente.

 
  RECOMENDACIÓN 16/2019 28 de junio 2019*

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Esteban Petersen Cortés
Secretario de Administración del Gobierno del Estado**

C.P.C. Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado***

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal del Estado

 

* La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en la anterior administración, pero se dirige a las actuales autoridades para que se tomen las providencias necesarias desde la responsabilidad institucional que trasciende administraciones.

** En los términos del decreto 27229/LXII/19 y por lo que corresponde a las atribuciones que tenía la Sepaf.

*** Por lo que corresponde a las funciones que realizaba la Sepaf

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la propiedad y a la legalidad y seguridad jurídica.

MOTIVO
 

La persona agraviada (víctima) manifestó ante esta Comisión que en abril de 2015 participó y tuvo responsabilidad en un accidente vial del cual resultó una persona lesionada luego de ser atropellada por la persona agraviada (víctima). Por ello la persona agraviada (víctima) fue detenida y puesta a disposición de la autoridad ministerial, pero después de depositar una fianza de 180 000 pesos por concepto de reparación del daño, recobró su libertad. Sin embargo, cuando la averiguación previa que se inició en su contra por esos hechos se turnó a la agencia del Ministerio Público 22 Sumaria de Choques, acreditó la propiedad de su vehículo y solicitó su devolución, sin que dicha petición procediera.

Posteriormente, la averiguación previa se consignó al Juzgado Cuarto de lo Penal del Primer Partido Judicial, y ante esa autoridad la persona agraviada (víctima) solicitó la devolución de su vehículo, por lo cual el Juzgado ordenó al agente ministerial que aclara por que el automotor no había sido puesto a su disposición. Tal requerimiento fue contestado en el sentido de que debido a un error no se puso a su disposición, pero que en ese momento lo hacía. Luego de ello, se abrió el incidente de devolución y se solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) el dictamen de identificación del automotor, el cual no pudo ser rendido, ya que el vehículo había sido rematado en noviembre de 2016. 

Durante el trámite de la queja se requirió a los titulares del IJAS y de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), en virtud de que ambas ordenaron los procedimientos administrativos de ejecución y sus posteriores remates. 

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó los actos atribuidos a las citadas autoridades, particularmente que el remate se llevó a cabo sin haber recibido alguna notificación formal que le informara de tal situación para evitarlo. Ello provocó la violación de los derechos humanos a la propiedad y a la legalidad y seguridad jurídica, en perjuicio de la persona agraviada (víctima). 

 
  RECOMENDACIÓN 15/2019 28 de junio 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente municipal de Tonalá*

 

* La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en anteriores administraciones, pero se dirige a las actuales autoridades para que tomen las providencias señaladas desde la responsabilidad institucional que trasciende administraciones.

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de quienes integran los pueblos originarios y comunidades indígenas; así como a la salud, al desarrollo, al patrimonio cultural y a un medio ambiente sano y equilibrado de los habitantes del municipio de Tonalá.

MOTIVO
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos atendió a tres grupos de vecinos del municipio de Tonalá, quienes manifestaron ser víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de diversas autoridades estatales y municipales. 

En primer término, integrantes de la comunidad indígena del municipio manifestaron que a lo largo del tiempo las autoridades se han negado a reconocerlos como pueblo originario. Señalaron que se han promulgado leyes y reglamentos que violan sus derechos humanos; tal es el caso del Reglamento de la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, que dispone para la incorporación al Padrón de Comunidades y Localidades Indígenas de Jalisco diversos requisitos que contravienen lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, requisitos que por diversos motivos las propias autoridades les niegan o retrasan en su entrega, transgrediendo con ello sus derechos culturales, a la identidad, a la autodeterminación, a la consulta previa, libre e informada, entre otros.   

Señalaron que es importante que la comunidad indígena de Tonalá sea reconocida por parte del Estado e incorporada al Padrón por ser originarios del territorio que habitan y que lastimosamente se les está quitando con el fin de desaparecer su origen, cultura, historia e identidad.

Por otra parte, integrantes del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina señalaron que autoridades municipales de Tonalá históricamente han llevado a cabo actos y omisiones que permiten una urbanización no planeada, carente de un enfoque hidrogeológico y de cuenca. Agregaron que desde el nacimiento del cauce principal de la cuenca del río Azul, en la colonia Loma Dorada, hasta su parteaguas en el cerro de la Reina, se generan espacios de recreación, salud y hábitat de especies de flora y fauna, las dos principales expresiones identitarias del municipio que están íntimamente relacionadas con el cerro de la Reina, por lo que la urbanización de estos espacios afecta la recarga de agua del río Azul y perjudica de manera grave las condiciones de vida de la sociedad al estar expuesta a constantes inundaciones que ponen en riesgo las condiciones ecológicas del afluente. Esto origina una violación sinérgica de  derechos económicos, sociales, ambientales y culturales que, los cuales, de no tomarse medidas inmediatas, se agudizarán y, en algunos casos, de manera irreversible, se afectará la calidad de vida de las y los habitantes de la cuenca.

Por último, vecinos de la unidad deportiva Revolución, que se ubica por la avenida Río Nilo, en la colonia Loma Dorada, del municipio de Tonalá, manifestaron que por diversas razones el cauce del río Azul a su paso por esta unidad deportiva se encuentra contaminado; que la contaminación se debe a las omisiones de las autoridades municipales que permitieron las construcción del Instituto Municipal de la Juventud sobre dicho cauce, sin contar con estudios de impacto ambiental, así como al vandalismo que ha provocado daños a la infraestructura hidrosanitaria que corre paralelamente al cauce del río Azul. Esto, debido a la falta de vigilancia por parte de las autoridades de seguridad pública en la zona. 

Esta Comisión, preocupada porque el derecho al desarrollo pueda superponerse al derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, emite la presente Recomendación para que el Ayuntamiento de Tonalá sea un agente rector que le dé prioridad al acceso a la vivienda, pero que garantice y respete el medio ambiente y la calidad de vida urbana que comprende el bienestar individual y social generado a partir de la aplicación de políticas públicas eficaces de desarrollo urbano, en atención a las Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial, las cuales sirven de principios rectores a escala internacional emitidos por ONU-Hábitat, en donde se señalan acciones de gobernanza y políticas urbanas, planificación urbana y territorial para el desarrollo sostenible.

 
  RECOMENDACIÓN 14/2019 25 de junio 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Juan Carlos Flores Miramontes
Secretario de Educación Jalisco*

 

* La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en la anterior administración, pero se dirige a la actual autoridad para que se tomen las providencias señaladas desde la responsabilidad institucional que trasciende administraciones.

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la igualdad en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual, al trato digno y derechos de la niñez.

MOTIVO
 

El 14 de marzo de 2018 se inició el presente expediente de queja con motivo de la inconformidad que interpuso una madre a favor de su hija, quien fue víctima de hostigamiento sexual por parte de su profesor de matemáticas, de la secundaria [...], turno [...], quien desde el 26 de noviembre de 2017 sostenía conversaciones con la menor de edad a través de mensajes por la red social Facebook que consideró insinuantes e inadecuados, por lo que presentó una denuncia penal en su contra.

La peticionaria precisó que en la fecha indicada, por casualidad comenzó a leer la conversación que su hija mantenía con el docente por medio de mensajes, y se percató de que el profesor le pedía su “pack” de manera insistente, hasta que logró que la adolescente accediera a sus peticiones y le enviara diversas fotografías de su cuerpo desnudo.

 
  RECOMENDACIÓN 13/2019 14 de junio 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal del Estado de Jalisco

Ingeniero Gustavo Quezada Esparza
Director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia en la atención a víctimas del delito, derecho a la verdad y al trato digno.

MOTIVO
 

La persona inconforme (quejosa) señaló que el 28 de febrero de 2016 su hijo (victima), de nacionalidad canadiense, llegó en calidad de turista a Puerto Vallarta, con fecha de regreso el 9 de marzo de 2016; sin embargo, desde su llegada al puerto, su hijo no tuvo comunicación telefónica con ella. El 6 de mayo de 2016 viajó junto con su esposo a Puerto Vallarta, y por medio del agente consular de Canadá en Puerto Vallarta ratificaron la denuncia de desaparición de su hijo en la agencia del Ministerio Público Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Proporcionaron la muestra de ADN y regresaron a Canadá, dando seguimiento a la carpeta de investigación 1856/2016 por conducto del agente consular de Canadá. El 22 de marzo de 2017 fueron informados de que los restos de su hijo habían sido encontrados, por lo cual realizó un pago para que fueran enviados a Canadá, a efecto de que el hospital general de Vancouver hiciera la comparación del ADN.

En abril de 2017 se le informó que se había cancelado el envío debido a que por error de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, los restos habían sido entregados a otra familia que los había cremado. Se localizó a la familia, y en mayo de 2017 le fueron enviadas las cenizas a Canadá, por lo cual contrató diferentes laboratorios en Estados Unidos y Canadá para tener la certeza de que eran de su hijo.

 
  RECOMENDACIÓN 12/2019 10 de junio 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal del Estado de Jalisco

Ingeniero Gustavo Quezada Esparza
Director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de incumplimiento en la función de procuración de justicia; derecho a la verdad y al trato digno.

MOTIVO
 

La persona inconforme (quejosa) denunció ante personal de la entonces Fiscalía General del Estado, la desaparición de su descendiente (victima) el 14 de marzo de 2016, lo que originó la carpeta de investigación 360/16, la cual no fue investigada e integrada por los agentes del Ministerio Público bajo los principios, procedimientos legales y protocolos que los casos de personas desaparecidas ameritan.

Lamentablemente, (victima) fue encontrado sin vida y fue identificado por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), mediante el Sistema Automático de Identificación Dactilar (AFIS), notificando de ello a personal de la Fiscalía del Estado (FE) sin embargo, personal de las citadas dependencias no se coordinó para informarle oportunamente a su progenitor que ya había sido localizado sin vida, haciéndolo un año y medio después de que había sido identificado. Además, se acreditó que personal de dichas entidades propició la entrega del cadáver a una Universidad privada, sin respetar las disposiciones legales.

Con motivo del hallazgo del cuerpo de (victima), se abrió la carpeta de investigación 117/2016, la cual, no fue integrada conforme a los principios y normas procesales correspondientes, propiciando que se desconozcan las circunstancias reales en que éste murió.

 
  RECOMENDACIÓN 11/2019 31 de mayo 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Médico Francisco Javier Ramírez Barreto
Director del Instituto Jalisciense de Salud Mental

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad con relación al debido cumplimiento de la función pública, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida.

MOTIVO
 

El 10 de octubre de 2017 (quejosa) se presentó ante esta Comisión a interponer queja a su favor y de su finado hijo (víctima), quien sufría de esquizofrenia desde 15 años atrás, la cual había sido controlada satisfactoriamente desde entonces. Sin embargo, el 26 de junio de 2017, ambos asistieron al Instituto Jalisciense de Salud Mental Caisame Estancia Prolongada para solicitar que internaran a (víctima), debido a que presentaba tendencias suicidas. La médica Blanca Elisa Real Peña lo valoró y determinó indicarle tratamiento de manera ambulatoria, por lo que no fue ingresado al hospital. En seguimiento a la prescripción médica, (víctima) acudió de nueva cuenta a ese centro hospitalario el 4 de julio de 2017, donde volvió a pedir que lo internaran, ya que persistían sus ideas suicidas, por lo que la psiquiatra Eva Romero Ortega, al atenderlo, le proporcionó medicamento para suministrarse fuera del hospital. Dos días después, (víctima) se quitó la vida en su hogar.

 
  RECOMENDACIÓN 10/2019 20 de mayo 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal del Estado de Jalisco

Ingeniero Gustavo Quezada Esparza
Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho al acceso a la justicia en la modalidad de incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia; a la igualdad, al trato digno, negativa de asistencia a víctimas del delito, a la protección a la salud, a la verdad y a la reparación integral, relacionado con la identificación, clasificación, conservación y tratamiento de cuerpos de personas fallecidas, así como a la legalidad y seguridad jurídica.

MOTIVO
 

El 16 de septiembre de 2018, este organismo protector de derechos humanos inició de forma oficiosa el acta de investigación número 134/2018-IV, que posteriormente se convirtió en la queja 5243/2018/IV, en un inicio contra quienes resultaran responsables y por razones de facultades y obligaciones legales que les devienen de forma inherente como servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Secretaría de Salud, de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), y de quienes resultaran responsables por las probables violaciones a los derechos humanos derivadas de los hechos públicos y notorios relacionados con diversas notas periodísticas que señalaban, entre otras: “Autoridades de Jalisco abandonan tráiler cargado con 157 cadáveres” e “Indigna tráiler con cadáveres”, cuyo contenido, síntesis, indicaba que servidores públicos de la Fiscalía General de Jalisco condujeron por diversos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara una caja de tráiler que alojaba 157 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, víctimas de hechos violentos, el cual abandonaron en un predio rústico de Tlajomulco de Zúñiga.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó una serie de acciones y omisiones que se traducen en violaciones de los derechos humanos post mortem en perjuicio de las personas fallecidas no identificadas o no reclamadas, así como de sus familiares y de la sociedad en general; además de la forma irregular y omisa en el cumplimiento de las disposiciones legales y protocolos aplicables para el adecuado tratamiento, identificación, clasificación, conservación e inhumación de cuerpos de personas fallecidas; derivado todo ello de haber permitido la salida del IJCF y ser omisos en el control y adecuado tratamiento de cuerpos de personas fallecidas contenidos en una caja refrigerada móvil y su itinerante traslado por municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, y su regreso a dicho instituto.

 
  RECOMENDACIÓN 9/2019 17 de mayo 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal del estado de Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica y a la propiedad

MOTIVO
 

En enero del 2018 esta defensoría inició una investigación por una queja del señor (quejoso), quien señaló que el 6 de julio de 2017, le robaron su vehículo; que luego de denunciar el delito, su automóvil fue recuperado el mismo día que fue hurtado. Sin embargo, su coche fue asegurado en un depósito particular y no en uno del entonces Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS). La orden de devolución le fue entregada por la agente del Ministerio Público 87 días después de que fue localizado, con un cobro por concepto de pensión de 110 pesos por día, lo cual resultaba injusto pagar al agraviado.

En el presente caso se acredita que, más allá de las acciones y omisiones particulares de cada uno de los funcionarios públicos, se evidencia una responsabilidad institucional en perjuicio del señor (quejoso), quien fue revictimizado, pues después de haber sufrido un robo, tuvo que esperar 87 días para que le dieran la orden de devolución de su automotor, además de sufrir las consecuencias del error de no haber ordenado el envío del vehículo a un depósito oficial, donde se pudiera hacer efectivo el beneficio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para no pagar la cuota por los días que el vehículo estuvo resguardado. Ni se corrigió que se hubiese enviado a un depósito particular.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó los actos atribuidos a las autoridades, que aseguraron el automotor y lo mantuvieron resguardado en un depósito privado, lo que provocó la violación de los derechos humanos a la propiedad, a la legalidad y seguridad jurídica por inobservancia del marco normativo, en perjuicio de la persona agraviada. A pesar de la claridad de las irregularidades la autoridad se negó a resolver el presente caso mediante la amigable composición que implicaba entre otros puntos la reparación del daño.

 
  RECOMENDACIÓN 8/2019 2 de mayo 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Juan Carlos Flores Miramontes*
Secretario de Educación Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad, de los derechos del niño, a la integridad y seguridad personal y prestación indebida del servicio público

MOTIVO
 

El 11 de diciembre de 2017, (Quejosa) presentó queja a favor de su primo (Víctima), en contra de los [...]ntes Raúl Espinal Rivera, Ana Guadalupe Palacios Cuadra y Mercedes Gómez Hernández, quienes ostentaban los cargos de director, profesora de la asignatura de Ciencias (Biología I) y prefecta, respectivamente, todos de la escuela [...], [...], turno matutino, en razón de que (Víctima) y un compañero de clases discutieron dentro de su salón y la profesora Ana Guadalupe Palacios Cuadra les pidió que se pusieran a trabajar. Sin embargo, posteriormente ella salió del aula, por lo que ambos adolescentes continuaron discutiendo y de pronto un alumno pateó a (Víctima), lo agredió con la rodilla, lo azotó contra las butacas y le dijo que si no lo conocía enojado, mejor no se metiera con él. Hecho que fue del conocimiento tanto de la maestra de grupo como de la prefecta Mercedes Gómez Hernández, quienes sólo se limitaron a preguntarle a la víctima de la agresión que cómo se sentía. Al contestarles que bien, dejaron pasar el suceso como inadvertido, sin procurarle ninguna atención médica, ni dar aviso al director ni a los padres del adolescente. Una vez que concluyó la jornada escolar, el agraviado se retiró por sí mismo a la casa de su abuela, a quien le dijo que le dolía mucho la cabeza y se desvaneció, su familiar llamó a una ambulancia y el paramédico que le brindó los primeros auxilios les dijo que (Víctima) había sufrido un derrame cerebral y que su condición era muy grave, por lo que lo llevaron al Centro Médico Nacional de Occidente, en donde estuvo internado en el área de Terapia Intensiva de la Unidad Médica de Alta Especialidad Pediatría, por 30 días.

 
  RECOMENDACIÓN 7/2019 25 de abril 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

MVZ Jorge Luis Tello García*
Presidente municipal de Tomatlán, Jalisco

*La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en la anterior administración, pero se dirige a la actual autoridad para que se tomen las providencias señaladas desde la responsabilidad institucional que trasciende administraciones.

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal.

MOTIVO
 

El 29 de abril de 2018, aproximadamente a las 22:40 horas, la progenitora de (víctima) se comunicó a la Dirección de Seguridad Pública de Tomatlán, donde reportó que su hijo (víctima) estaba drogado, enojado y agresivo en su domicilio, ubicado en El Gargantillo. Como a las 23:01 horas, los policías llegaron a la casa de la solicitante, quien les pidió el apoyo para que trasladaran a su hijo a la cárcel municipal de Tomatlán, y también les dijo que pretendía internarlo en un centro de rehabilitación para que superara su adicción a las drogas.

Horas después, durante la madrugada del 30 de abril de 2018, mientras se encontraba en una celda de la cárcel municipal de Tomatlán, atentó contra su vida, ató unos cabetes alrededor de su cuello, y cuando el elemento encargado de su custodia (alcaide) se percató, (la víctima) ya no tenía signos vitales.

Durante la integración de la queja, y con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó que los servidores públicos que custodiaron en las celdas a (víctima) no tomaron las medidas de seguridad adecuadas para evitar que atentara contra su vida, no cuentan con registros de ingreso-egreso de las personas privadas de su libertad, ni registros de pertenencias de detenidos. También se evidenciaron deficiencias en la infraestructura de los separos municipales y falta de equipamiento en las instalaciones. Además de no contar con cámaras de vigilancia.

 
  RECOMENDACIÓN 6/2019 23 de abril 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Juan Carlos Flores Miramontes*
Secretario de Educación del Estado de Jalisco

*La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en la anterior administración, pero se dirige a la actual autoridad para que se tomen las providencias señaladas.

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la igualdad en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual, al trato digno y derechos de la niñez.

MOTIVO
 

El 15 de febrero de 2018, una (quejosa) interpuso queja a favor de su (agraviada), quien fue víctima de hostigamiento sexual por parte de su profesor de matemáticas, de la [...] de Huejúcar, ya que el 8 de enero de 2017 le envió mensajes que consideró insinuantes e inadecuados. Según refirió su (quejosa), quien interpuso la queja, el 9 de enero de 2017 se percató de los mensajes que dicho docente le mandaba a su (agraviada), por lo cual se presentó en la escuela secundaria e informó de los hechos a la maestra Cointa Saldaña Medina, tutora de la menor de edad, así como al prefecto José Guadalupe Ornelas Díaz. Éstos, a su vez, se los hicieron saber al director del plantel educativo. Sin embargo, aunque las autoridades directivas, representantes escolares y autoridades sindicales tuvieron conocimiento de ello, se limitaron a conversar con el profesor señalado, quien aun cuando reconoció los hechos, únicamente solicitó una licencia sin goce de sueldo por un año a cambio de prometerle a la (quejosa) de la menor de edad agraviada el absoluto respeto hacia su (agraviada) en lo futuro. Lo anterior, con la promesa de las autoridades escolares de que se abriría un procedimiento administrativo ante el órgano interno de control de la Secretaría de Educación Jalisco.

Esta Comisión durante la investigación comprobó que sí existió hostigamiento sexual por parte del profesor Juan Antonio Rivera Rivera, lo cual constituyó violación de los derechos humanos ya señalados.

 
  RECOMENDACIÓN 5/2019 3 de abril 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal del Estado de Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad y a la seguridad personal, por la obligación de garantía; al respeto a la dignidad inherente a su persona y al derecho a una vida libre de violencia y a ser libre de toda forma de discriminación; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos.

MOTIVO
 

El 21 de agosto de 2018 la madre de (Agraviada) acudió a esta Comisión y expresó que su hija fue privada de la vida por su pareja sentimental (agresor) o (agresor) o (agresor) el 10 de marzo de 2017. Señaló que antes de su muerte, el 6 de febrero de 2017 su hija acudió a denunciar violencia física y psicológica sistemática por parte de su agresor. Sin embargo, personal del Centro de Justicia para las Mujeres de la entonces Fiscalía General del Estado (FGE) fueron negligentes y no hicieron lo suficiente para evitar la muerte de su hija. Se inconformó además en contra del personal de la Dirección de Investigación de Homicidios de la citada fiscalía, porque no han podido aprehender al responsable, no obstante, que existe la correspondiente orden para ello.

Personal de esta Comisión acreditó que empleados de la entonces FGE, no atendieron con la debida diligencia el contexto particular de violencia denunciado, y con ello se impidió el ejercicio de los derechos humanos de la víctima directa, al negarle las acciones destinadas a prevenir, atender, investigar y sancionar los diferentes tipos de violencia de que venía siendo objeto, además de que no se ordenaron las investigaciones que cubrieran los requisitos mínimos de perspectiva de género. Asimismo, se documentó que el crimen sigue impune, pues no se ha podido aprehender al responsable para castigarlo.

 
  RECOMENDACIÓN 4/2019 20 de febrero 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Ingeniero Enrique Gabriel Buenrostro Ahued*
Presidente Municipal de Tala

*La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en la anterior administración, pero se dirige a la actual autoridad para que se tomen las providencias señaladas.
 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, al derecho a la igualdad en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y al trato digno.

MOTIVO
 

La (quejosa) señaló que Salvador Eduardo Andalón Rivera, entonces director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Tala, desde noviembre de 2016 comenzó a hostigarla sexualmente, ya que en las oficinas de la dependencia emitía comentarios incómodos y acosadores hacia ella, que fueron subiendo de tono al acariciarle las manos sin su consentimiento y solicitarle que le diera un beso, pero ante su negativa, el 24 de febrero de 2017 la besó a la fuerza e intentó acariciarla.

Se inconformó ante el presidente municipal, pero no obtuvo la atención adecuada, no se sancionó al entonces director de Movilidad y Transporte, y al cambiarla temporalmente de adscripción la hicieron enfrentar una doble condición de víctima.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó los actos atribuidos al entonces director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Tala, lo cual provocó la violación de los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la igualdad en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y al trato digno.

 
  RECOMENDACIÓN 3/2019 14 de febrero 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal del Estado de Jalisco

Arquitecto Juan Antonio González Mora
Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la vida, al respeto a la integridad física y psíquica, a la libertad y a la seguridad personales, por la obligación de garantía; al respeto a la dignidad inherente a su persona y al derecho a una vida libre de violencia y a ser libre de toda forma de discriminación; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de los derechos humanos.

MOTIVO
 

El 25 de agosto de 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) inició queja de oficio, a favor de la (victima), y en contra de quienes resultaron ser los agentes del Ministerio Público Marcial Hernández Águila, Fabiola Castellanos Pinto, Jessica Ivonne Paredes Romero, María Guadalupe Ojeda Tejeda y Jessica Judith de los Santos Durán, así como de Rosa Isela Villanueva Vigil y Bernabé Rascón Alcantar, policías investigadores, todos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en contra de las Mujeres de la entonces Fiscalía General del Estado; así como del licenciado Miguel Magaña Orozco, titular, y Roberto Rodríguez García, policía tercero, ambos de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco. A esta queja se acumuló la presentada el 12 de abril de 2018 por la (quejosa hermana de la víctima).

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó dilación y omisiones en la integración de la carpeta de investigación 40643/2017, la nula investigación en la averiguación previa 2839/2014, así como la forma irregular y omisa en el cumplimiento de las órdenes de protección emitidas a favor de la (victima), y la omisión de la valoración del riesgo y peligro que corría dicha víctima derivada de la violencia intrafamiliar a la que era sometida por su concubinario. Por lo que al no tener de manera adecuada y efectiva la protección debida, fue privada de la vida el 23 de agosto de 2017 a causa de los impactos de arma de fuego que le propinó el referido victimario.

 
  RECOMENDACIÓN 2/2019 6 de febrero 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Ismael del Toro Castro
Presidente municipal de Guadalajara

Ingeniero Jorge Israel García Ochoa
Director General OPD Bosques Urbanos de Guadalajara

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad, seguridad jurídica, información y a un medio ambiente sano.

MOTIVO
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos atendió a vecinos del fraccionamiento Arboledas del Sur, quienes se inconformaron por las acciones que el Ayuntamiento de Guadalajara había llevado a cabo en el predio municipal conocido como Agua de Coyotes, Los Coyotes o La Cuyucuata, que abarca una superficie aproximada de 74,749.96 m2.

Señalaron que el municipio había sido omiso en proteger dicho predio, el cual formó parte de la litis que se investigó dentro del expediente 116/2017 integrado en el Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, en virtud de que no se habían agotado todos los recursos jurídicos existentes para recuperar la totalidad del predio, ya que el Ayuntamiento había firmado un convenio judicial con la contraparte, denominada Desarrollos Inmobiliarios de 10, SA de CV, documento que se elevó a sentencia ejecutoriada y que puso fin al juicio civil ordinario señalado.

Esta Comisión fue informada de que en dicho convenio se acordó que la inmobiliaria ocuparía 60% del predio, es decir, una superficie de 44,863.68 m2, mientras que el ayuntamiento mantendría 40% restante, es decir, 29,886.28m2, este último predio sería incorporado a la Red de Bosques Urbanos del municipio, por lo que fue intervenido por el ayuntamiento, ocasionando la molestia de los vecinos de la zona, inconformes de que se hubiera perdido más de la mitad del predio municipal, y por la falta de socialización del proyecto para convertirlo en un “bosque urbano”.

 
  RECOMENDACIÓN 1/2019 25 de enero 2019

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Maestro Juan Carlos Flores Miramontes *
Secretario de Educación Jalisco


*La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en la anterior administración, pero se dirige a la actual autoridad para que se tomen las providencias señaladas desde la responsabilidad institucional que trasciende administraciones.

 
CONCEPTOS
 

derecho a la legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, el derecho a la vida y los derechos de la niñez

MOTIVO
 

El 30 de octubre de 2017, un niño de dos años de edad, ahora finado, acompañado de su hermana de cuatro años de edad y de (mamá del menor finado), asistieron a un acto convocado por la dirección de la escuela primaria federal Benito Juárez en Autlán de Navarro. Dentro de la escuela, (madre del menor finad) entró al baño y le indicó a su hijo que buscara a su hermana. Transcurridos diez minutos, la niña le dijo a su mamá que no encontraba a su hermano. Después de una búsqueda dentro y fuera de la escuela, y con el apoyo de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán de Navarro, localizaron al niño ahogado adentro del aljibe del centro escolar.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó que sí existió omisión por parte de la encargada de la Dirección de la escuela primaria federal Benito Juárez, turno vespertino, en Autlán de Navarro, lo cual constituyó violación de los derechos humanos a la legalidad en relación con el debido cumplimiento de la función pública, derecho a la vida y los derechos de la niñez.

 
 
 
     
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