CABEZA
 
PAGINA DE INICIO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO  
BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS
twitter de la Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco Enlace a youtube de la Comision Estatal de Derechos Humanos Jalisco
   
 
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL 2020
   
 
  RECOMENDACIÓN 33/2020 14 de septiembre 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Fiscal del Estado de Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la integridad y seguridad personal (tortura), a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el cumplimiento de la función pública, y al trato digno

MOTIVO
 

El 13 de marzo de 2019 esta defensoría inició una investigación por la queja presentada a favor de (TESTADO 1), quien en su ratificación refirió que en su detención ocurrida el 2 de junio de 2006, fue agredida física y psicológicamente por policías investigadores del área de secuestros, quienes la golpearon y amenazaron durante todo el tiempo que estuvo detenida y sujeta a investigación en esa área de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado; esto es, se dolió de que fue objeto de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, acompañadas de amenazas de muerte.

Agregó, que después de infligirle lo antes descrito, la llevaron a un edificio, donde permaneció como dos horas, y ahí solamente la insultaban, ya no la golpearon, y le indicaron voltear a una cámara y que aceptara ante medios de comunicación que había realizado un secuestro, que era culpable y que le habían pagado por ello, y finalmente la trasladaron al reclusorio femenil en Puente Grande.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó que los elementos policiales de la Policía Investigadora (PI) agredieron física y psicológicamente a la agraviada, lo que derivó en actos de tortura, que constituyen violación del derecho a la legalidad por ejercicio indebido de la función pública, así como a la integridad y seguridad personal y al trato digno.

 
  RECOMENDACIÓN 32/2020 8 de septiembre 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente municipal del Ayuntamiento Tonalá

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual, libertad sexual, al trato digno, y a la integridad y seguridad personal

MOTIVO
 

(TESTADO 1), estudiante de la Universidad de Guadalajara, inició el 2 de febrero de 2019 sus prácticas profesionales en el área de Radiología de la Unidad Médica Tonalá Centro “Pbro. Rafael González González”, de la Dirección de Servicios Médicos de Tonalá. Una semana después de haber iniciado dichas actividades, cuando se encontraba realizando sus actividades, el técnico radiólogo Cecilio Vázquez Gaeta, como superior jerárquico, abordó a la agraviada en el área denominada como cuarto oscuro de revelado, donde le realizó preguntas de connotación sexual hacia su persona, a efecto de conocer si tenía novio y si había sostenido relaciones sexuales con éste, para después cometer actos de abuso sexual en su contra.

Esta defensoría de los derechos humanos, tras la debida investigación, así como diversas pruebas que resultaron de dicha queja, logró acreditar la vulneración de los derechos humanos de la agraviada, misma que le causó trastorno por estrés postraumático. Asimismo, se documentó que dicho servidor público tenía antecedentes de acoso similares desde el año 2008.

 
  RECOMENDACIÓN 31/2020 3 de septiembre 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente Municipal de Zapopan

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la identidad de género de las personas trans, en atención al levantamiento de acta de nacimiento, a la legalidad, a la igualdad y no discriminación, y al trato digno.

MOTIVO
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos atendió la queja presentada por (Testado 1). Esta persona se identifica como (Testado 96), y se inconformó en contra de la oficial del Registro Civil número 1 adscrita a la municipalidad de Zapopan.

(Testado 1) manifestó que al acudir al citado Registro Civil, presentó una petición de adecuación de acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género, toda vez que se auto percibe y se identifica como (Testado 96). Situación que fue atendida por María Del Pilar Fernández Ruiz, oficial del Registro, quien se negó a recibirle su petición, argumentado que el documento estaba firmado por (Testado 1) y no por su nombre taxativo del acta en mención; motivo por el cual la solicitante fue obligada a firmar la petición con el nombre con el que no se identifica, generando en este acto una discriminación directa hacia su dignidad humana y revictimizante ante su identidad de género. Sumando a lo anterior el hecho de desventaja a un grupo históricamente discriminado, como es la población de la diversidad sexual.

Aun así, al acudir a recoger la constancia de su petición formulada al Registro Civil número 1 de Zapopan, en la misma se le refirió la improcedencia de la adecuación de su acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género, sin mencionar ningún fundamento jurídico para esto.

Esta Comisión reitera desde la emisión de la Recomendación 20/20181 la preocupante situación particular que enfrenta la población lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y demás expresiones e identidades de género no binarias (LGBTTTIQ+) en el acceso efectivo y ejercicio de sus derechos fundamentales en nuestra localidad; misma que se ve motivada entre otras causas por la insuficiente armonización de los marcos legales, lo cual implica a las autoridades públicas y a la falta de cumplimiento de los deberes y obligaciones en materia de derechos humanos, debidamente establecidos en nuestro máximo ordenamiento jurídico y en los diversos instrumentos internacionales ratificados por México.

 
  RECOMENDACIÓN 30/2020 3 de septiembre 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente Municipal de Guadalajara

 
CONCEPTOS
 

Violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la propiedad, y a la igualdad y trato digno, por robo y ejercicio indebido de la función pública

MOTIVO
 

El 22 de julio de 2019 aproximadamente a las 14:30 horas, nueve inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en compañía de dos oficiales de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, interceptaron al agraviado (TESTADO 1), cuando caminaba por el jardín del templo de San Sebastián, en el barrio de Analco. Lo cuestionaron sobre qué contenían dos maletas que llevaba, al abrirlas y mostrarles que llevaba calzado usado y diversos accesorios para teléfonos celulares, le arrebataron esas pertenencias y se las llevaron en las camionetas oficiales en que viajaban, sin expedirle la respectiva acta de infracción o secuestro de bienes; mientras tanto los policías lo retuvieron para permitir que los inspectores hurtaran sus maletas, tomándolo por el cuello y torciéndole una mano. 

 Por dichos hechos, el agraviado presentó queja ante la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, en cuya investigación destacó que al llevar a cabo una inspección en la bodega donde se almacenan los bienes secuestrados por el personal de Inspección y Vigilancia, no se encontraron ni el acta de verificación o infracción, así como tampoco los bienes que se le recogieron a (TESTADO 1). Lo que permite deducir a esta Comisión que, los inspectores y policías involucrados cometieron en su perjuicio los delitos de robo y abuso de autoridad, violando con ello sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la propiedad, y a la igualdad y trato digno. 

 Además de lo anterior, se elaboró un informe policial homologado, así como un acta de verificación o secuestro de bienes apócrifos, a pesar de que la Directora de Responsabilidades de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara, dio fe de que en la Dirección de Inspección y Vigilancia el 22 y 23 de julio de 2019, no obraba ningún acta de verificación o secuestro de los bienes incautados, y en la bodega donde se guardan las pertenencias incautadas, no estaban los mismos. Así también, los policías y los nueve inspectores involucrados al rendir sus informes en el citado procedimiento de responsabilidad, manifestaron hechos falsos. 

 
  RECOMENDACIÓN 29/2020 1 de septiembre 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Secretario de Salud Jalisco

 
CONCEPTOS
 

Violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con relación al derecho a la protección de la salud por negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos

MOTIVO
 

La inconformidad tuvo su origen con la queja que presentó (TESTADO 1), a su favor, en contra de personal de salud del Hospital General de Occidente. El 13 de febrero de 2019, la peticionaria acudió al servicio de Urgencias de dicho nosocomio, en razón de que presentaba un fuerte dolor en el área abdominal. Fue revisada por estudiantes de medicina, conocidos como preinternos de pregrado, uno de ellos, de manera irregular, suscribió la receta que se le prescribió, misma que fue dictada por el médico residente que la interrogó, la revisó y emitió un diagnóstico de colitis, sin previa realización de los estudios clínicos necesarios que se establecen en la literatura médica, para emitir un diagnóstico certero respecto a su estado de salud. Todo ello, sin la presencia del médico adscrito encargado del turno del servicio de Urgencias, responsable de orientar y supervisar las acciones de los médicos preinternos y residentes.

Además de emitir un diagnóstico errado, esa conducta negligente y omisa en que incurrió el personal de salud, generó que los medicamentos que le prescribieron a la paciente, mitigaran sus síntomas y el deterioro en su estado de salud desencadenó que el 22 de febrero de 2020, es decir, una semana después, la paciente fuera sometida a una cirugía de apendicitis aguda gangrenosa perforada y peritonitis aguda, cuyo producto, según el reporte histopatológico, presentó reacción inflamatoria subagudo inespecífica, necrosis y hemorragia focal.

Se acreditó que el personal de salud del Hospital General de Occidente incurrió en violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con relación al derecho a la protección de la salud por negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos, en agravio de (TESTADO 1), que motivaron la realización de la presente Recomendación.

 
  RECOMENDACIÓN 28/2020 27 de agosto 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Fiscal del Estado de Jalisco

 
CONCEPTOS
 

Violación a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de Procuración de Justicia, y a la reparación integral del daño; a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el debido cumplimiento de la función pública.

MOTIVO
 

La peticionaria reclamó ante esta Comisión, en síntesis, que los agentes del Ministerio Público involucrados, realizaron una indebida, omisa e ilegal integración de la averiguación previa (TESTADO 75) de la Agencia 04 de Responsabilidades Médicas de la entonces Fiscalía General del Estado, iniciada en contra del médico (TESTADO 1) con motivo de una cirugía plática estética que le practicó, en la que le infiltró, sin su consentimiento, una sustancia desconocida o cuerpo extraño en glúteos, provocándole afectación a su integridad y salud, así como daño físico y moral; y que, no obstante lo anterior, dicha averiguación previa fue propuesta para su archivo, dejando impune el caso ocasionando que, ante el omiso y deficiente actuar de las y los fiscales, la peticionaria no tuviera acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a que tenía derecho.

 
  RECOMENDACIÓN 27/2020 17 de agosto 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Fiscal del Estado de Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, por dilación e incumplimiento en la función pública, a la procuración y acceso a la justicia y a la reparación integral.

MOTIVO
 

El 25 de marzo de 2018, la adolescente (TESTADO 1), se trasladaba como pasajera en compañía de otras personas a bordo de un vehículo de la marca Honda, tipo Oddisey, modelo 2007, color tinto, cuando alrededor de las 2:25 horas, al circular sobre el cruce de la avenida Calzada Independencia y calle Volcán Usulután, colonia Huentitán El Bajo, en el municipio de Guadalajara, participó en una colisión con otro vehículo de la marca Ford, tipo Escape, color blanco, modelo 2013. A causa de este evento (TESTADO 1) resultó gravemente lesionada y otra de las ocupantes perdió la vida.

Por estos hechos se inició la carpeta de investigación (TESTADO 75), en la agencia del Ministerio Público núm. 26, Cruz Verde Delgadillo Araujo del Área de Atención Temprana de la entonces Fiscalía Central del Estado (FCE), hoy Fiscalía del Estado (FE); la cual fue turnada el 26 de marzo de 2018, al área de Métodos Alternos, de la FE; donde permaneció hasta el 13 de abril de 2018 y a su vez fue remitida al agente del Ministerio Público núm. 03 de Investigación de Delitos Culposos cometidos con Motivo del Tránsito de Vehículos Automotores de la FE, en virtud que los implicados tuvieron posiciones irreductibles, donde trascurrieron más de 14 meses sin que la carpeta de investigación se hubiera integrado debida y adecuadamente, ni realizado la imputación en contra de los probables responsables del accidente; hasta el día 10 de marzo de 2020, no se había verificado dicha audiencia, ocasionando que, ante el omiso y deficiente actuar de los fiscales, la peticionaria no tuviera acceso a la justicia y a la reparación integral del daño a que tenía derecho como secuela de sus lesiones.

Al recibirse la inconformidad, esta defensoría de derechos humanos, con el propósito de atender el principio de inmediatez en la solución y factible resarcimiento del daño causado a la parte presunta agraviada, formuló propuesta de conciliación a la autoridad encargada de la indagatoria; propuesta que fue aceptada, Sin embargo, a pesar de ello no fue cumplida cabalmente, pasando por alto que la conciliación implica un mecanismo reconocido en nuestro sistema jurídico para resolver casos de violaciones a derechos humanos de manera más ágil y expedita, por lo que su incumplimiento deriva en la emisión de una recomendación, como ahora se hace.

 
  RECOMENDACIÓN 26/2020 04 de agosto 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

*Secretario general del Gobierno del Estado

Presidente municipal de Lagos de Moreno

Honorables miembros del
Ayuntamiento Constitucional de Lagos de Moreno 

Fiscal estatal de Jalisco

Secretario de seguridad del Estado de Jalisco

 


*Nota. Algunos de los actos y omisiones analizados en el presente documento han sido originados en administraciones municipales y estatales anteriores a las actuales, no obstante, es apremiante que las instituciones de los tres órdenes de gobierno actuales las atiendan, se diseñe un plan de acción para evitar la continuación de patrones violatorios de derechos humanos, se resarza el daño a los afectados y se garantice la no repetición.
 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la manifestación pacífica, a la libertad personal, a los derechos de pueblos originarios y comunidades indígenas; así como al desarrollo, al patrimonio cultural y a un medio ambiente sano y equilibrado, de los habitantes de San Juan Bautista de la Laguna, en el municipio de Lagos de Moreno.

MOTIVO
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos atendió las quejas presentadas por integrantes de la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna en el municipio de Lagos de Moreno, quienes se inconformaron en contra de diversas autoridades federales, estatales y municipales.

Manifestaron que las autoridades federales y municipales de Lagos de Moreno otorgaron permisos para la instalación de un gasoducto subterráneo que pasa por su comunidad, y sin el consentimiento de algunos miembros y autoridades tradicionales de su pueblo, dieron inicio a la obra.

Debido a las protestas y manifestaciones de algunos habitantes, el gobierno municipal y el gobierno del Estado –mediante el uso de la fuerza pública estatal y municipal– reprimieron una de las manifestaciones, y remitieron a los que encabezaban la protesta a la Fiscalía del Estado; a dos de estas personas se les imputó una falta administrativa y tres más fueron remitidos a la agencia del Ministerio Público de Lagos de Moreno, donde hasta la fecha se encuentran en trámite dos carpetas de investigación.

Con dichas acciones (independientemente de las omisiones de las autoridades federales, que ya se hicieron del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos), las autoridades municipales y estatales, en lugar de cumplir con el proceso de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, indispensable para la autorización de cualquier proyecto que afecte territorios de pueblos originarios, las primeras otorgaron la licencia para la realización de la obra, con el apoyo para su implementación del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

Durante la investigación se advirtió que, además de las violaciones mencionadas, existe incertidumbre jurídica de los miembros de dicha comunidad en el tema de su reconocimiento como comunidad indígena, ya que esta no es reconocida por la Comisión Estatal Indígena; lo que incumple lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

También se advirtió una situación de abandono en el territorio que ocupa el pueblo indígena, condición que se ha dado por diversas razones; una de ellas es la falta de interés de administraciones municipales pasadas y la actual, ya que aun cuando el pueblo de La Laguna colinda con la ciudad de Lagos de Moreno, y actualmente se encuentra muy unido a ella en los temas económico, social y urbanístico, aun así, se le ha dejado en el abandono. Muchos de sus habitantes carecen de los servicios públicos elementales como agua, drenaje y electricidad, alumbrado público, banquetas y machuelos. Se ha dejado secar una laguna, a la que por muchos años no se le brindó mantenimiento, y al día de hoy solamente se presentan encharcamientos en esa zona durante el temporal de lluvias, y desafortunadamente sirve como vertedero de drenajes de industrias agrícolas y ganaderas; vulnerando con ello además el derecho al paisaje y al patrimonio cultural y ambiental de la comunidad, así como a diversas disposiciones ecológicas, ya que este sitio (emblemático del pueblo, y que dio origen a su nombre), se ha convertido en un lugar abandonado y en un foco de infección.

Estas omisiones constituyen violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y de no tomarse medidas restitutorias inmediatas, se provocará una pérdida irreversible ocasionada por la indebida planeación, la inminente urbanización y el crecimiento de la ciudad de Lagos de Moreno. Esta situación afecta los derechos a un desarrollo sostenible y sustentable, así como a la calidad de vida de sus habitantes; de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Internacionales sobre Planificación Urbana y Territorial, que sirven de principios rectores a escala internacional y que fueron emitidos por ONU-Hábitat, en donde se señalan acciones de gobernanza y políticas urbanas, planificación urbana y territorial para el desarrollo sostenible y sustentable.

Esta Comisión considera necesario que la comunidad indígena de San Juan Bautista de la Laguna, sea reconocida por parte de las autoridades municipales y estatales e incorporada al padrón de pueblos originarios para reconocer su origen, cultura, historia e identidad. Que sea tomada en cuenta no sólo como potencial industrial por la riqueza de terrenos y agua en el subsuelo de su territorio, sino para establecer proyectos económicos, laborales y de infraestructura básica, en beneficio de sus habitantes, respetando su identidad y autonomía como pueblo originario.

 
  RECOMENDACIÓN 25/2020 04 de agosto 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Fiscal del Estado

Director general del Instituto jalisciense de Ciencias Forenses.

Presidente municipal de Mezquitic.

Presidente municipal de Huejuquilla el Alto.

 
CONCEPTOS
 

Violación a la legalidad, al debido ejercicio de la función pública, a la igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia, a una vida libre de vilolencia

MOTIVO
 

(V1), mujer indígena wixárika de (E) de edad, fue encontrada el 3 de marzo de 2020, a las 8:40 a. m. en el rancho El Bajío, anexo a Pueblo Nuevo 2, Mayehekwa, Comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, colgada de un árbol de durazno, en el patio de su casa; estaba sujetada con una bufanda y tenía las piernas flexionadas. Ella vivía violencia familiar en los tipos físico, psicológico y económico previo a los hechos, y en la escena del crimen había indicios de objetos desordenados. Al día siguiente, cuando les entregan el cuerpo de (V1) a sus familiares, el agente del Ministerio Público de Huejuquilla y el médico que le practicó la necropsia les dijeron que había sido un suicidio. Les entregaron también las ropas que traía, así como la bufanda o pañoleta que la sujetaba del árbol, procediendo posteriormente, la familia, conforme a sus costumbres, a quemarlas. A la familia se le negó el derecho al proceso informado y a la participación activa, pues incluso cuando pidieron una copia de la carpeta de investigación, se les dijó que necesitaban la orden de un juez.
No hubo un adecuado mando, no se acordonó el área completa, no se indagó sobre la violencia de género que vivía (V1), no se entrevistó a las y los posibles testigos con traductores/as oficiales, no se embaló ni realizó cadena de custodia de la ropa y la bufanda o pañoleta. Existió acuerdo entre Oscar Jiménez Aguilar y Ulises Adrián Arellano, adscritos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Fiscalía Estatal, respectivamente, para alterar el documento de solicitud de los primeros exámenes y peritajes, pretendiendo justificar que se habían solicitado conforme al protocolo de feminicidio.
Después de 42 días de la muerte de (V1), se ordenó exhumar el cuerpo para realizar una nueva necropsia por el perito Julio César Martínez Félix, lo que permitió descubrir que el médico José Fernando Montes de Oca simuló realizar la primera necropsia, y se perdió la posibilidad de efectuar algunos exámenes de muestras biológicas del cuerpo por el estado de descomposición en que se encontraba, lo que corrobora el actuar de parte de las autoridades, a que hace referencia el Modelo Protocolo de Naciones Unidas, cuando afirma que los suicidios son una forma habitual de ocultar un homicidio por parte de su autor y que puede ser un argumento usado por las personas a cargo de la investigación criminal para no investigar el caso y archivarlo como suicidio.
Después de analizar las carpetas de investigación, queda evidenciado que conforme al artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existió violencia feminicida en contra de (V1) como consecuencia de las actuaciones y omisiones de autoridades de FE y del IJCF, ya que no se condujeron conforme a los protocolos existentes, frente a la muerte violenta de una mujer, tomando en cuenta la multiple discriminación a que estaba sujeta la víctima, ya que esta violencia extrema es el producto de la violación de sus derecho humanos, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad.
Asi mismo, el personal policial del Ayuntamiento de Mezquitic y médico del Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, omitieron realizar sus funciones con perspectiva de género y con visión intercultural en las entrevistas, simulando realizar un peritaje necrológico, con la intención de ocultar un feminicidio, excluyendo a las víctimas directa e indirectas del acceso a una vida libre de violencia, en donde la falta de debida diligencia trajo como consecuencia la restricción del acceso a la justicia de las mismas y de la comunidad wixárika de Mezquitic.

 
  RECOMENDACIÓN 24/2020 04 de agosto 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Fiscal del Estado de Jalisco

Director general del Instituto Jalisciense de Ciensas Forenses

 
CONCEPTOS
 

Violación a la legalidad y seguridad juridica en su modalidad de incumploimiento de la funcíon pública en la procuracíon de justicia. A la verdad y al acceso a la justicia.

MOTIVO
 

El 13 de enero de 2017 se suscitó un percance vial en el kilómetro 49+200 de la carretera Guadalajara-Ameca, en el que participaron dos vehículos y falleció uno de los conductores. Al lugar llegaron como primeros respondientes elementos de Seguridad Pública de Ameca, quienes de inmediato dieron vista al Ministerio Público a efecto de recibir instrucciones de mando y conducción; asimismo, llevaron a cabo los registros correspondientes de los hechos en los que detallaron la participación de dos automotores y el deceso de una persona; posteriormente, hicieron entrega de esta información a los elementos de la Policía Investigadora, así como al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que acudió al lugar del accidente vial.

Por esos hechos se inició la (C.I) en la agencia del Ministerio Público de Ameca; sin embargo, las autoridades involucradas no actuaron bajo los principios y procedimientos legales, y protocolos establecidos en la ley, ni en coordinación con otras áreas para preservar la escena y los indicios que se derivaron de esta; por lo que no lograron esclarecer  los hechos en que perdió la vida una persona, con lo cual, violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, a la verdad y el acceso a la justicia.

 
  RECOMENDACIÓN 23/2020 04 de agosto 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Fiscal del Estado de Jalisco

Secretario de Administracion del Estado

 
CONCEPTOS
 

Violación a la propiedad y a la legalidad y seguridad jurídica por inobservancia del marco normativo

MOTIVO
 

La presente Recomendación se sustenta en el análisis de las quejas 3262/2018, 3816/2018, 4250/2018 y 5352/2018, en las que se encontraron hechos comunes por considerar un ejercicio indebido en la procuración de justicia, dilación en la procuración de justicia, doble victimización, inobservancia al marco normativo. 

En la queja 3262/2018, que por comparecencia presentó (VI) a su favor, al considerar un ejercicio indebido en la procuración de justicia que le generó un cobro inadecuado. El 25 de octubre de 2017 le robaron una cuatrimoto a la peticionaria, la cual fue recuperada el 27 de octubre de 2017, con la detención de una persona por policías de San Pedro Tlaquepaque, quienes comunicaron la noticia criminal a un agente del Ministerio Público (MP), quien les dio mando y conducción. El vehículo, asegurado conforme a la cadena de custodia, fue entregado a un operador de una compañía particular de grúas para que fuera ingresado en el depósito vehicular número 8 del entonces IJAS, sin embargo, el referido transporte no fue enviado ahí, sino que, indebidamente se envió al depósito particular de la compañía de grúas, de lo que no se cercioró o dio seguimiento la autoridad ministerial, aunado a que existió marcada dilación para la devolución del mismo a la quejosa, quien no pudo recuperar su propiedad debido al cobro excesivo que le hacía la empresa propietaria del depósito. De lo investigado también quedó acreditada una doble victimización de que fue objeto la aquí peticionaria, quien expone que no debe pagar nada por no ser responsable de que enviaran el vehículo a un corralón privado y porque, además, es víctima de delito. 

En la queja 3816/2018, que por comparecencia presentó (V2), quien señaló que el 14 de mayo de 2018 le robaron su automóvil, que posteriormente fue localizado el 17 de mayo de 2018 por elementos de la Comisaría de El Salto. El coche fue asegurado en un depósito particular y no en uno del entonces IJAS. La orden de devolución le fue entregada por la agente del MP con dilación, aunado a que le hicieron un cobro inicial por concepto de pensión de 11,000 pesos, pero que lo apoyarían cobrándole sólo 6,000 pesos; lo cual resultó injusto pagar al agraviado por ser víctima de delito de robo y revictimizado por la dilación. Además de sufrir las consecuencias del error de no haber ordenado el envío del vehículo a un depósito oficial, donde se pudiera hacer efectivo el beneficio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para no pagar la cuota por los días que el vehículo estuvo resguardado. Ni se corrigió que se hubiese enviado a un depósito particular.

         Dentro de la queja 4250/2018, presentada por (V3), quien señaló que el 16 de abril de 2016 tuvo un percance vial con un menor de edad, motivo por el cual le fue retenido su vehículo por no haber llegado a un arreglo y remitido al depósito número 6 del extinto IJAS. La carpeta de investigación se le dio trámite y remitió al juzgado Primero Especializado en Justicia Integral para Adolescentes del Estado, recayendo la respectiva sentencia definitiva el 16 de febrero de 2018, la cual fue confirmada en segunda instancia, a favor del aquí peticionario; no obstante, y después de intentar recuperar su automotor, en el IJAS primero le negaron al aquí quejoso obtener un descuento en el pago del costo del depósito, a pesar de que ya tenía el oficio de liberación del vehículo y que él se encontraba como víctima agraviado, posterior a la negativa por parte del IJAS, cuando acudió de nueva cuenta a tratar de recuperar su automotor, le informaron que el mismo ya había sido rematado, sin haberle notificado de manera personal o por medio de la autoridad ministerial que tenía en su resguardo el citado vehículo, y sin tomar en consideración que había sido reconocido su carácter de víctima de un delito patrimonial.

         Y en la queja 5352/2018, la inconforme (V4), señaló que el 16 de julio de 2017, por presunta comisión de delito, detuvieron a su hijo en el vehículo propiedad de ella, asegurándolo y enviándolo al corralón número 11 del extinto IJAS, por lo cual se inició la carpeta (CI). Inmediatamente, en el plazo legal, se dejó en libertad al hijo, no obstante, el MP dilató la orden de devolución del vehículo hasta el 28 de septiembre de 2018 (un año quince días después), ocasionando gastos elevados por el resguardo de su automóvil, el cual, además, fue rematado por el IJAS en el mes de noviembre de 2018, lo que provocó la violación de sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, y a la propiedad.

 
 
  RECOMENDACIÓN 22/2020 20 de julio 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Fiscal del Estado de Jalisco

Comisario General de Seguridad Pública de Zapopan

 
CONCEPTOS
 

Violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal (tortura), a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el debido cumplimiento de la función pública y al trato digno

MOTIVO
 

El 7 de marzo de 2019, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recibió el oficio 7957/2018, suscrito por la jueza Décimo Primero de lo Criminal del Primer Partido Judicial mediante el cual remitió constancias del expediente (C.I.), instruido en contra de (V), dado que el procesado al momento de rendir su declaración preparatoria manifestó haber sido víctima de tortura por parte de la autoridad ministerial consignadora. Al ratificar la queja (V) dijo, en síntesis, que su inconformidad es en contra de los policías municipales de Zapopan que al momento de su detención lo golpearon con las armas que portaban y le pusieron boca abajo, raspándole contra el piso su cara, así como golpeándolo en la espalda y en las piernas.

Así mismo, se quejó en contra de los agentes de la policía investigadora del Estado (PIE) que intervinieron en la investigación, diciendo que en la Cruz Verde lo metieron a un cuarto donde lo vendaron de la cara y lo golpearon con los puños en las costillas y luego llevaron con un médico de dicho lugar el que determinó que tenía fractura en las costillas; que posteriormente lo llevaron a la fiscalía de la calle 14, lugar en donde los elementos de la Policía Investigadora le pusieron vendas en las piernas y con cables eléctricos le dieron toques estando en el piso, ello con el fin de aceptar su responsabilidad en el homicidio que le imputaban, lo que hicieron por 3 ocasiones, razón por la cual no aguantó y les firmó la declaración ministerial, bajo las amenazas, ya que si no la firmaba le volvían a dar toques.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión documentó que con motivo de la detención y custodia del aquí agraviado por parte de los elementos policiales de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan y de la PIE fue objeto de golpes y lesiones en diversas partes de su cuerpo, lo que derivó en actos de tortura, que constituyen violación del derecho a la legalidad por ejercicio indebido de la función pública, así como a la integridad y seguridad personal.

 
  RECOMENDACIÓN 21/2020 19 de julio 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Secretario del transporte del Estado

Directro del Sistema de Tren Eléctrico Urbano

 
CONCEPTOS
 

• A la legalidad y seguridad jurídica
• A las buenas prácticas de la administración pública
• Al desarrollo
• A tener políticas públicas que propicien una mejor calidad de vida
• A una buena administración pública
• A una accesibilidad y movilidad de las personas con algún tipo de discapacidad

MOTIVO
 
El 7 de agosto de 2018, mediante acta suscrita en la sexta sesión ordinaria del Comité Técnico de Validación, de la entonces Secretaría de Movilidad del Estado, con base en el dictamen IMTJ-532/2018/OND, emitido por el entonces Instituto de Movilidad y Transporte del Estado, se acordó aumentar el pasaje al transporte público a 9.50 pesos. Sin embargo, fue hasta el 22 de julio de 2019, cuando el secretario del Transporte del Estado de Jalisco emitió el acuerdo ST/DGTP/323/2019, a favor del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), para la aplicación de la tarifa de 9.50 pesos, al Sistema Integrado de Transporte Público, tren eléctrico, trolebús, BRT (macrobús) y Sitren.

De las investigaciones practicadas por este organismo se evidenció que en el acuerdo ST/DGTP/323/2019 se autorizó acceder al cobro de la tarifa de 9.50 pesos, ya que el Sistema Integrado del Transporte Público estaba cumpliendo satisfactoriamente los requisitos y condiciones citados en el acuerdo de la sexta sesión ordinaria, en el sentido de que las unidades de transporte público de Sitren se apegaban a la norma técnica del transporte público para su uso; sin embargo, ello no se reflejó en su totalidad, como se corroboró en las investigaciones de campo realizadas por personal de esta Comisión a diversas unidades del transporte público que circulan por la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), así como por las constantes quejas referidas por las personas usuarias, constatando que subsiste una deficiente prestación del servicio en varias unidades que cobran tarifa de 9.50 pesos.

 

 

 
  RECOMENDACIÓN 20/2020 26 de junio 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente municipal de Tonala.

 
CONCEPTOS
 

Violación al derecho a la integridad, seguridad personal, a la legalidad , detencion arbitraria, lesiones y allanamiento de morada.

MOTIVO
 

El 8 de julio de 2018 se recibió la queja interpuesta por (V1), el menor de edad (V2) y (V3), en ella que señalaron que el día anterior sus familiares y amigos fueron detenidos arbitrariamente en el interior de su domicilio por elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tonalá (CPPMT), quienes ingresaron con violencia, armados y encapuchados al domicilio donde golpearon a varias personas, entre ellos al menor de edad; también dispararon sus armas de fuego y una de las balas impactó en la pierna de (V3), quien pasaba por el lugar.

Con base en la investigación practicada, esta Comisión comprobó que elementos policiales de la CPPMT actuaron indebidamente haciendo uso excesivo de la fuerza, lo que constituye violación del derecho a la legalidad por ejercicio indebido de la función pública, a la integridad y seguridad personal.

.

 

 
  RECOMENDACIÓN 19/2020 18 de junio 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Secretarío de Educación Jalisco

 
CONCEPTOS
 

Violación al derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, igualdad y al trato digno, integridad y seguridad personal por abuso sexual infantil, a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

MOTIVO
 

En distintos hechos denunciados por(V1), (V2) y (V3), padres de familia de tres menores de edad, cuya identidad se encuentra reservada, manifestaron que sus hijos eran víctimas de abuso sexual por parte de Jesús Acevedo Aparicio, docente de una primaria de la municipalidad de Santa María de los Ángeles, quien conducía a los niños hacia los baños, y ahí les torcía los brazos hacia atrás y se acercaba sus manos hacia sus genitales; también les tocaba sus partes íntimas cada que los mandaba llamar a su escritorio, acomodándolos de tal manera que se ocultaba de la vista de los demás alumnos. Asimismo, se colocaba al fondo del salón, donde todos los niños le daban la espalda, y mandaba llamar a los afectados para revisarles la tarea, y cuando nadie lo veía, colocaba a los menores de edad de espaldas y acercaba sus manos hacia sus genitales y se sobaba con ellas. No fue sino hasta que uno de los menores de edad decidió escribirle una carta a su papá, en la que le narraba las ocasiones en que su profesor lo obligaba a tocarle sus partes nobles, incluso cuando le pidió que lo acompañara a la Dirección porque se le había olvidado una extensión y ahí también abusó de él, que los demás padres de familia se enteraron y decidieron preguntarles a sus hijos, dando como resultado tres infantes afectados por los actos de depravación sexual cometidos por dicho profesor.

Los progenitores interpusieron diversas denuncias de carácter criminal por el delito de abuso sexual infantil, mismas que se radicaron bajo la carpeta de investigación (CI) en la agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especial Regional con sede en Colotlán, en cuya investigación quedó evidenciada la afectación emocional de los infantes y el daño psicológico de los mismos.

 

 
  RECOMENDACIÓN 18/2020 15 de junio 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Terrirorial.

Titular de la Procuradoría Estatal de Protección al Ambiente

Titular de la Secretaría de Salud Jalisco

Presidentes Municipales de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zuñiga, El Salto y Juanacatlán

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la legalidad, y seguridad jurídica, al desarrollo, al medio ambiente sano, al agua en su modalidad de saneamiento, a la vivienda digna y decorosa de los habitantes de los municipios de Tonalá y el Salto.

MOTIVO
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emite esta recomendación en torno a la integración de tres expedientes que se vinculan directamente con la permanencia y operatividad del relleno sanitario Los Laureles.

El primero de ellos se inició con la interposición de la queja que presentara el entonces titular de la Proepa, en contra de las autorizaciones municipales otorgadas por el gobierno local de El Salto al desarrollo habitacional Parques del Triunfo, ubicado en el límite de ese municipio y el de Tonalá, en la carretera El Salto-Zapotlanejo, al sureste del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), que consta de 10 484 unidades de vivienda habitacional de densidad alta en una superficie de 133 hectáreas, 1 área y 54.42 centiáreas, dicho complejo fue señalado por la Proepa como irregular, al ejecutar con una autorización condicionada en materia de factibilidad ambiental, conforme al Informe Preventivo de impacto Ambiental presentado por la desarrolladora y emitida por la entonces Dirección de Ecología, Fomento Agropecuario y Forestal de El Salto en 2014, siendo competente para conocerlo la autoridad estatal, es decir la Semadet, en virtud de que el proyecto y su infraestructura aledaña, así como las condiciones físicas del sitio así lo exigían. Lo anterior en virtud de que el relleno sanitario Los Laureles incidía en el proyecto habitacional, ya que este generaba olores, voladuras y emisiones de partículas suspendidas PM10, PM5 y PM 2.5, aparición de fauna nociva, afectaciones a la salud y una degradada calidad ambiental y paisaje en perjuicio de los futuros habitantes del desarrollo urbano.

La pugna entre autoridades estatales y las desarrolladoras encargadas de Parques del Triunfo, se judicializó y fue materia de varios litigios (juicios de nulidad, apelaciones y amparos) hasta que en 2016 el Ayuntamiento de El Salto presentó ante la SCJN una controversia constitucional (93/2016), la cual fue resuelta el 9 de octubre de 2019, concluyendo que la controversia alegada por el municipio formaba parte de una decisión emitida en un juicio de amparo directo en donde se sostuvo la competencia del Estado para atender el asunto de Parques del Triunfo, al considerarse que el proyecto incidía en dos municipios, situación que hacía evidente que dicha determinación no podía ser verificada mediante otro medio de control constitucional, como lo pretendía el municipio. Situación que robustece y reitera esta defensoría de derechos

 

 
  RECOMENDACIÓN 17/2020 11 de junio 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente Municipal de Tequila

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la legalidad, y seguridad jurídica, en relación con el derecho a la vida; a la integridad física y seguridad personal, y a la salud.

MOTIVO
 

El 2 de marzo de 2020 agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Tequila encarcelaron a (V1), y a su sobrina (V2), pues las habían detenido por escandalizar y alterar el orden público. En la celda, (V1) se quitó la vida con su sostén que sujetó a los barrotes para ahorcarse.

Esta comisión, evidenció que desde su detención se encontraba en crisis bajo los efectos de bebidas embriagantes, situación que la había puesto agresiva y ansiosa; por lo que debió haber sido atendida y estar bajo la observación de un médico.

Personal encargado de la custodia no tomó las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de la detenida, además; los servidores públicos no están capacitados para la atención de personas en situación de crisis; el inmueble no tiene la infraestructura adecuada; tampoco cuentan con los protocolos de actuación para salvaguardar la vida e integridad física de las personas privadas de su libertad.

 

 
  RECOMENDACIÓN 16/2020 10 de junio 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad, en relación con la prestación indebida del servicio público.

MOTIVO
 

El 28 de julio de 2017, las personas inconformes (V1) y (V2), solicitaron al director general de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la revisión de un muro de adobe de aproximadamente siete metros de altura, con inclinación hacia su propiedad, lo cual representaba riesgo para su familia. Personal de dicha dirección realizó el dictamen correspondiente, en el que observaron daño evidente, riesgo de colapso por el deterioro, la antigüedad y material con que se construyó. Concluyeron que el muro debía ser demolido, por lo que se le recomendó evitar el área.

Dentro del procedimiento de demolición DEM.79/2017, el 25 de enero de 2018 esa autoridad administrativa municipal decretó procedente la demolición del muro de adobe, a costa del infractor; resolución que no fue cumplida.

El 26 de agosto de 2019 esta defensoría emitió la propuesta de conciliación 130/2019/2019/II, dirigida al director jurídico y síndico municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco, sin que hubiera pronunciamiento alguno de su parte. Ello motivó que el 10 de octubre se elevara la propuesta al presidente municipal. El director jurídico negó aceptarla, con el argumento de que los inquilinos realizaron trabajos que disminuyeron el riesgo de colapso del muro.

En las investigaciones practicadas por esta defensoría quedó plenamente acreditado que la Dirección de Obras Públicas fue omisa al no cumplir con la resolución emitida por el propio ayuntamiento, al igual que la Dirección Jurídica al pretender justificar el incumplimiento en la ejecución de la resolución del procedimiento administrativo de demolición.

 

 

 
  RECOMENDACIÓN 15/2020 28 de mayo 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Director General de Readaptación y Reinserción Social

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la vida, a la integridad y seguridad personal por la obligación de garantia, y a la legalidad y seguridad jurdídica.

MOTIVO
 

Esta Comisión abrió oficiosamente la queja 6198/2019/IV, de acuerdo con el (AI), iniciada a causa de una nota periodística publicada el 20 de junio de 2019, en el medio de comunicación El Occidental, titulada “Matan a golpes a interno de Puente Grande”, de ella se desprendía que una persona privada de su libertad en uno de los reclusorios de ese complejo penitenciario había perdido la vida, tras ser golpeada por otros dos internos.

Durante la investigación realizada por este organismo se demostró que el 19 de junio de 2019, día de los hechos, una persona recluida falleció a consecuencia de las agresiones infligidas por dos internos. También se evidenció que ese centro penitenciario carece de suficiente personal para la debida vigilancia de los reclusos, ya que, el día de los sucesos sólo había dos custodios que fueron sorprendidos por dos internos armados con palos, quienes estaban fuera de sus celdas, no obstante, que era horario en el que tenían que estar dentro de sus dormitorios, aunado a dichos elementos, los custodios no hicieron lo necesario por impedir la agresión.

 

 

 
  RECOMENDACIÓN 14/2020 27 de mayo 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara

Comisario de la Policia de Guadalajara

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad jurídica. a la privacidad y a la libertad

MOTIVO
 

La mañana del 21 de abril de 2017, (V1) se encontraba en el interior de su domicilio cuando diversos elementos policiales de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, pertenecientes al grupo de reacción de la Urepaz y que participaban en el (localidad), allanaron su vivienda cuando iban en persecución de tres hombres que habían ingresado momentos antes, a quienes acusaban de haber participado en diversos delitos. Además de esto, los oficiales involucrados apuntaron y amagaron a la víctima, así como a su hija y a su cuñada (ambas menores de edad), quienes también se encontraban en el interior de la morada. Los servidores públicos registraron indebidamente la residencia de donde tomaron varias de las pertenencias de la víctima, a quien de manera ilegal se llevaron detenido, asegurando también su vehículo que se encontraba estacionado afuera del lugar.

Los elementos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara argumentaron falsamente en el Informe Policial Homologado, que la víctima y los otros tres detenidos, circulaban a bordo del vehículo llevando consigo armas de fuego y estupefacientes.

Posteriormente, en su comparecencia ante el agente del Ministerio Público Federal, los gendarmes cambiaron su declaración y manifestaron que no estuvieron presentes en el momento de la detención del agraviado, misma declaración que rindieron mediante informe de ley ante esta defensoría, en la que además manifestaron que procedieron en la forma en que se asentó en el Informe Policial Homologado por órdenes de sus mandos superiores.

Con la investigación practicada por personal de esta Defensoría de Derechos Humanos, se comprobó que los cuatro elementos policiales involucrados, así como su superior jerárquico, actualmente fallecido, llevaron a cabo de manera ilegal el allanamiento del domicilio y la ulterior detención del agraviado, a quien además inculparon falsamente de delitos de índole federal, lo que provocó que estuviera injustamente diez meses bajo prisión preventiva.

 

 
  RECOMENDACIÓN 13/2020 26 de mayo 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara*

*La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en la anterior administración, pero se dirige a la
actual autoridad atendiendo a la responsabilidad institucional que subsiste al margen de quienes ejerzan los
cargos públicos, ya que el deber de reparar integralmente el daño es de los Estados y sus gobiernos.

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la igualdad en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sexual y al trato digno.

MOTIVO
 

queja por la violación de sus derechos humanos debido a que fue víctima de violencia sexual cuando trabajaba de suplente paramédica en la Unidad Doctor Mario Rivas Souza de la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, por parte del suplente paramédico Édgar Alejandro Ceja Muñoz, el cual justificó su actuar argumentando que sostenía una relación de pareja con la agraviada.

De las investigaciones practicadas por este organismo se evidenció que Édgar Alejandro Ceja Muñoz, cuando realizaba las suplencias médicas, ejerció actos que constituyen acoso sexual en contra de la agraviada, lo que le ocasionó un clima laboral indigno y un trauma posterior en su estado emocional; además, quedó demostrado que LIPC interpuso dos quejas en la Dirección de Recursos Humanos, sin que realizaran ningún acto tendente a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra.

 

 

 
  RECOMENDACIÓN 12/2020 13 de mayo 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Director general de Readaptación y Reinserción Social del Estado.

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la vida, a la integridad y seguridad personal por la obligación de garantía, y a la legalidad y seguridad jurídica.

MOTIVO
 

Esta Comisión abrió oficiosamente la queja 6197/2019/IV, con motivo del acta de investigación 136/19, iniciada por una nota periodística publicada el 24 de julio de 2019, en W RADIO, titulada “Asesinan a un preso en Puente Grande”, de la que se desprendía que una persona interna del dormitorio 12 del reclusorio preventivo murió después de tener un conflicto con otras personas privadas de su libertad. Durante la investigación realizada por este organismo se demostró que el 22 de julio de 2019, día de los hechos, falleció una persona privada de su libertad, por consecuencia de las agresiones que otra persona interna le propinó con un palo y una manguera. También se evidenció que ese centro de reclusión carece de suficiente personal para la debida vigilancia de las personas internas, ya que sólo había dos custodios encargados de vigilar dos módulos, uno de ellos con una población de 424 personas privadas de la libertad, por lo que, al momento de lo sucedido, no había personal operativo que vigilara el lugar, pues los dos únicos custodios estaban en sitios distintos.

 

 

 
  RECOMENDACIÓN 11/2020 11 de mayo 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Coordinador General Estratégico de Seguridad
Fiscal del Estado de Jalisco
Fiscal Especial en Personas Desaparecidas
Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
A las y los presidentes municipales de los ayuntamientos de: Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Tomatlán.

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho al acceso a la justicia, a la verdad, a la integridad, seguridad y libertad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas de desaparición de personas, por incumplimiento en la función pública en la procuración de justicia por no garantizar sus derechos.

MOTIVO
 

La presente Recomendación se sustenta en el análisis de las investigaciones que se realizaron en 14 quejas y peticiones, en las que se encontraron hechos que fueron el factor común en la desaparición de personas y el reclamo de los familiares y seres queridos de las víctimas, que expresaron a esta defensoría, su tristeza y angustia por la desaparición misma y su desesperación y frustración ante la falta de acciones efectivas, diligentes, profundas y humanitarias de los servidores públicos que representan a las distintas instituciones del Estado, encaminadas a encontrar a las víctimas, a conocer los motivos de la desaparición y, a la detención y sanción de los responsables.

Del contenido de las peticiones, se pudo identificar que en 6 de los 14 casos se informó sobre la desaparición de personas por particulares, mientras que, en 2 más se denunciaron hechos con alguna mención de probable participación de servidores públicos.

Este organismo evidenció que, derivado de la desaparición de las personas, las autoridades municipales y estatales, quienes de manera concurrente tienen la obligación de garantizar la seguridad ciudadana en el estado y sus municipios, no implementaron las acciones razonables y suficientes para evitar la desaparición de las personas, incumpliendo con el deber de garantizar y proteger el derecho de todas las personas contra la desaparición forzada y la cometida por particulares.

Se documentó además, que en los 14 casos el personal ministerial responsable de las investigaciones de los delitos denunciados con motivo de la desaparición de personas y del IJCF, no realizaron las investigaciones efectivas, diligentes y cuidadosas que permitieran la localización e identificación de las víctimas y que se conociera la verdad histórica de los hechos. Incumpliendo así con la obligación de investigar conforme a los principios, procedimientos y protocolos que deben seguirse en la investigación de este tipo de casos.

 

 

 
  RECOMENDACIÓN 10/2020 6 de mayo 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Secretaría de Cultura Jalisco

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, a la integridad y seguridad personal y de petición

MOTIVO
 

(V1) presentó queja en contra de Christian Osvaldo Rodríguez Pedroza, chofer adscrito a la Secretaría de Cultura, a quien lo acusó de cometer actos de acoso sexual en su ámbito laboral, lo que le ocasionó un daño sexual y psicológico, así como un ambiente laboral hostil. Señaló que, no obstante que denunció los hechos a la directora de Recursos Humanos y al director general administrativo, no obtuvo la atención adecuada para la resolución de su asunto y que no se le dio respuesta a un escrito de petición en el que realizaba una relación de hechos, incluso fue confrontada con su agresor, en una pretensión de mediar la problemática.

De las investigaciones practicadas por este organismo, se demostró que Christian Osvaldo Rodríguez Pedroza ejerció actos de violencia sexual en agravio de la víctima en su ámbito laboral. Además, se evidenció que la atención proporcionada por el personal de la Secretaría de Cultura le ocasionó una victimización secundaria, ya que los hechos denunciados no fueron atendidos, investigados, sancionados y reparados conforme lo establece el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 
  RECOMENDACIÓN 09/2020 2 de abril 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y a la seguridad personal, a la igualdad y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

MOTIVO
 

(V1), agente de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, fue víctima de violencia de género en su tipo sexual y psicológico en la modalidad laboral por parte del jefe del sector y del segundo comandante quienes realizaron conductas de hostigamiento sexual. El primero de ellos, José de Jesús Rocha Olmos, fue acusado de mostrarle a la inconforme, imágenes pornográficas, contenidas en su celular y a su vez le solicitó a la inconforme le enviara fotografías desnuda,
además de realizarle comentarios lascivos y bromas sexuales; mientras que a Ignacio Jiménez Jacobo lo acusó de ejercerle violencia sexual y psicológica, ya que señaló que cuando la trasladaba en la patrulla, el mismo dejaba un objeto de los conocidos como juguetes sexuales “consolador” a su vista, además de que en una ocasión le pidió que se desabotonara el uniforme para mostrarle, que abajo llevaba ropa de civil y verificar que no llegó uniformada, caso contrario él la sancionaría.

Luego de las investigaciones practicadas por esta institución y con las evidencias recabadas, se acreditó la violencia de género en su tipo sexual y psicológico, en el ámbito laboral a través de conductas de hostigamiento ejercida por los policías de San Pedro Tlaquepaque lo que le ocasionó a la víctima un daño en su integridad psicológica y sexual.

 
  RECOMENDACIÓN 08/2020 1 de abril 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente municipal de Zapotlanejo

 
CONCEPTOS
 

Violación a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia; a la legalidad, en relación al ejercicio indebido de la función pública; integridad y seguridad personal; igualdad al trato digno.

MOTIVO
 

En la madrugada del 25 de diciembre de 2019 ocurrió una riña entre vecinos del fraccionamiento (domicilio), en Zapotlanejo, donde participó el presidente municipal Héctor Álvarez Contreras y su familia.

En medios oficiales de comunicación, se divulgó el video donde se observó al edil exigiendo a algunas personas que no incendiaran pirotecnia. Después de la discusión, su hijo (Hijo de SP) se lio a golpes con vecinos. En el video se observa que el munícipe propinó un golpe en el rostro a una mujer.

Álvarez Contreras, después de asegurar que solamente había empujado a la mujer para salvar a su hijo que era golpeado en el piso, procedió a retractarse, aceptó el hecho y ofreció disculpas en medios de comunicación, así como ante el pleno del Ayuntamiento de Zapotlanejo.

  RECOMENDACIÓN 07/2020 27 de marzo 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Secretario de Educación Jalisco*

*La presente Recomendación se refiere a hechos ocurridos en la administración anterior, pero se dirige a las actuales autoridades atendiendo a la responsabilidad institucional que subsiste al margen de quienes ejerzan los cargos públicos, ya que el deber de reparar integralmente el daño es de los Estados y de sus gobiernos.

 

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal, a la libertad sexual, al trato digno y derechos de la niñez.

MOTIVO
 

Este caso documentó la queja iniciada de oficio a favor de una persona menor de edad, entonces estudiante de sexto grado de la escuela primaria N3-TESTADO 1 N4-TESTADO 1 turno matutino, quien afirmó que Javier Ramírez Castellanos, docente de dicho plantel educativo, en diversas ocasiones, cuando salían al recreo, le pedía que se quedara con él en el salón y que cerrara la puerta, momento en el que dicho servidor público le bajaba su pantalón y su ropa interior, le jalaba el pene y le metía los dedos en el ano; asimismo, manifestó que dicho maestro le decía que era para su desarrollo hormonal y que eso tenía que quedar entre ellos.

  RECOMENDACIÓN 06/2020 26 de marzo 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Fiscal del estado de Jalisco
Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia; y al derecho a la verdad y al trato digno.

MOTIVO
 

La señora N1-TESTADO 1 denunció el 1O de enero de 2018 ante personal de la entonces Fiscalía General del Estado, la desaparición de su hijo N2-TESTADO 1 , lo que originó la carpeta de investigación 3510/18, la cual no fue investigada e integrada por los agentes del Ministerio Público bajo los principios, procedimientos legales y protocolos que los casos desaparición de personas ameritan. Lamentablemente, N3-TESTADO 1 perdió la vida al interior del Hospital Civil el día 12 de septiembre del año 2017 por consecuencia de traumatismo craneoencefálico, fue identificado por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), mediante el Sistema Automático de Identificación Dactilar (AFIS), notificando de ello al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, personal de las citadas dependencias no se coordinaron para informarle oportunamente a su progenitora que ya había sido localizado, haciéndolo un año y tres después de que había sido identificado. Con motivo de la pérdida de la vida de N4-TESTADO 1 se abrió la carpeta de investigación 93418/2017, la cual, no fue integrada conforme a los principios y normas procesales correspondientes, propiciando que se desconozcan las circunstancias reales en que éste murió.

 
  RECOMENDACIÓN 05/2020 18 de marzo 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

A la y los presidentes municipales de los ayuntamientos de San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Tonalá y Zapopan,

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad, a la igualdad y no discriminación y el derecho a la legalidad y seguridad jurídica

MOTIVO
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDHJ recibió la queja que por correo electrónico presentó a su favor, por considerar una nula acción de las autoridades encargadas de supervisar y revisar los estacionamientos de centros conterciales, pues no se respetan los lugares para personas con discapacidad. Señaló que ello le había ocurrido en el estacionamiento de la tienda de autoservicio Costeo, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga. Aunque los actos reclamados por el inconforme fueron de manera individual, esta defensoría le dio un tratamiento en función de un grupo en situación de vulnerabilidad, por lo que no obstante que los hechos ocurrieron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se determinó bajo el principio de máxima protección involucrar a los gobiernos municipales de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan con el fin de identificar si las omisiones denunciadas por el peticionario también se reflejaban en dichos municipios que integran una zona metropolitana.

 
  RECOMENDACIÓN 04/2020 28 de febrero 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente municipal de Lagos de Moreno

 
CONCEPTOS
 

violación de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a la vida; a la integridad física y seguridad personal, y a la salud mental.

MOTIVO
 

El 21 de junio de 2019 agentes de la Comisaría de la Policía Municipal Preventiva de Lagos de Moreno encarcelaron a Nl-TESTADO 1 1$*SJ4®. ¡_ lu:s lo habían detenido a petición de su concubina. En la celda se quitó la vida con una cobija que sujetó en el hueco de una pared y que utilizó para ahorcarse. Se evidenció que no existía motivo justificado para privarlo de su libertad e ingresarlo al reclusorio municipal, pues era una persona enferma dedP444 , aunada al consumo de l$i&Zbl 11Jn c1:ando su concubina había solicitado el apoyo policial, debió haber sido remitido a un centro de atención por su estado de salud I$LWJ!l. Personal encargado de la custodia no tomó las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad física del detenido; además, los servidores públicos no están capacitados para la atención de personas en situación de crisis; el inmueble no tiene la infraestructura adecuada; tampoco cuentan con los protocolos de actuación para salvaguardar la vida e integridad física de las personas privadas de su libertad.

 
  RECOMENDACIÓN 03/2020 19 de febrero 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Presidente municipal de Zapopan

 
CONCEPTOS
 

violación a la legalidad y seguridad jurídica, y a la integridad y seguridad personal

MOTIVO
 

El 3 de diciembre de 2018, N1-TESTADO 1 viajaba en un vehículo de la plataforma "DiDi"junto con el conductor N2-TESTADO 1 N3-TESTAD Fueron perseguidos por Juan García Ramírez y José Alfredo Sánchez Iñiguez, elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan (CGSPMZ), después de un reporte de robo de dicho automotor, suceso en el que ella fue lesionada con un disparo de arma de fuego detonado por el primer oficial, el cual le provocó fractura pedicular y limitación de movimiento de miembros inferiores. Agotada la investigación, se comprobó que, a la fecha de emisión de esta Recomendación, a la víctima no se le encontró responsabilidad penal por la comisión del delito imputado en su contra. Sin embargo, se recabaron evidencias que probaron que los elementos de la CGSPMZ violaron sus derechos humanos tanto a la legalidad y seguridad jurídica como a la integridad y seguridad personal.

 
  RECOMENDACIÓN 02/2020 4 de febrero 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

• Integrantes del Ayuntamiento de Autlán de Navarro
• Presidente municipal de Autlán de Navarro

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
 

• A la legalidad
• A un nivel de vida adecuado
• A la salud
• A la recreación y el descanso
• Al trato digno
• A la educación
• Al trabajo
• Al medio ambiente sano

MOTIVO
 

En  marzo  de  2019,  vecinos  de Autlán  de  Navarro  se quejaron  contra  el Ayuntamiento, pues, con motivo de la celebración anual del carnaval, soportan la violación de sus derechos humanos provocada por la instalación del llamado "Callejón de la Alegría", ya que se cierran las calles principales del municipio, se obstaculiza el paso peatonal, el tránsito de vehículos personales y de emergencia.

El ruido de los comercios  y terrazas es muy elevado,  afectando  la salud emocional y la integridad física de las personas de los vecinos del callejón, pues, a lo largo de 17 horas, durante los 12 días del carnaval,  se ven forzados  a escuchar  música mediante bocinas, amplificadores  y bandas de tambora que tocan en sus puertas. También se contamina el ambiente con orines y heces de personas  y caballos.  Además,  el Ayuntamiento  organiza  eventos  nocturnos, donde se utiliza pirotecnia que causa estruendo, ello afecta el descanso de los habitantes.

 
  RECOMENDACIÓN 01/2020 27 de enero 2020

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

• Presidentes municipales de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto, presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque
• Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco
• Fiscal del Estado de Jalisco
• Secretaria de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Jalisco
• Diputadas y diputados que integran el Congreso del Estado de Jalisco
• Secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco
• Legisladoras y legisladores que representan a Jalisco en el Congreso de la Unión
• Titulares de los 125 gobiernos municipales, así como al cuerpo edilicio de todos los Ayuntamientos de Jalisco

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
 

•Al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por la obligación de garantía
•A la vida
•A la integridad y seguridad personal
•Al derecho a la igualdad y no discriminación
•Al acceso a la justicia, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos
•A la legalidad y seguridad jurídica

MOTIVO
 

Caso relativo a un feminicidio, cometido por su esposo, cuando la víctima directa caminaba por la calle Manuel M. Ponce a la altura de calle Medrano, colonia San Andrés del municipio de Guadalajara. Ella había denunciado desde enero de 2016 violencia familiar por parte de su cónyuge, en más de una ocasión ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin embargo, el personal de esa dependencia no actuó con un enfoque de género, especializado, diferenciado y transformador, propiciando que no se garantizara su integridad, su vida y en consecuencia el acceso a una vida libre de violencia.

 
 
 
 
 
     
sombra
 
PIE
 
Twitter Facebook YouTube

LOGOTIPO CEDHJ

PEDRO MORENO 1616,
COLONIA AMERICANA.
CP 44160.

CONMUTADOR 3669 1101,
01800 201 8991.

PARA INTERPONER UNA
QUEJA POR TEL. 3669 1100,
TEL. 33 3857 7030

website security    
Derechos Reservados
Derechos Reservados ® 2014 Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco - Actualización 13/08/2020 - Avisos de privacidad