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RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL 2021
   
 
  RECOMENDACIÓN 4/2021 3 de marzo 2021

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Pleno del Ayuntamiento de Tototlán

Fiscal del Estado
 
CONCEPTOS
 

Violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en específico en su tipo sexual y psicológica, en las modalidades laboral e institucional, a la integridad física y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación y al trato digno.

MOTIVO
 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició en un primer momento con la apertura de un acta de investigación relativa a la nota periodística “Autoridades de Tototlán protegen a funcionario señalado de acoso sexual”, y posteriormente se recibió la queja que por escrito presentó una persona, quien refirió haber sido víctima de violencia de género, en su tipo sexual y psicológica, en el ámbito laboral e institucional; ya que fue objeto de diversas conductas de hostigamiento sexual cuando estaba adscrita a la Dirección de Padrón y Licencias del municipio de Tototlán. Dicha violencia fue ejercida por el jefe del área de Proveeduría del ayuntamiento, así como por el presidente municipal, ambos del citado municipio, quienes le realizaron comentarios de índole sexual e invitaciones para verse fuera del horario laboral; además de realizar acercamientos intrusivos al momento de saludarla y de citarla en reiteradas ocasiones fuera del ambiente laboral. Lo anterior generó un ambiente laboral hostil del que también participaron sus compañeras y compañeros de oficina. Destacan además las omisiones y la aquiescencia, así como la victimización secundaria a la que fue expuesta la víctima por parte de diversas autoridades municipales, quienes tuvieron conocimiento de los hechos controvertidos y continuaron reforzando los estereotipos de género que enfrentan las mujeres. También se identifican omisiones y actuaciones deficientes de los agentes de Ministerio Público adscritos a la Fiscalía del Estado, que intervinieron en la investigación de la denuncia presentada por la peticionaria, quienes dejaron de observar la aplicación de los lineamientos que emanan de los protocolos aplicables a la violencia de género en contra de las mujeres, y no estandarizaron los principios rectores del estricto respeto de la dignidad humana, la debida diligencia, la no revictimización y el enfoque diferenciado hacia las víctimas a razón de la violencia sexual y psicológica, dentro del hostigamiento laboral e institucional, situación a la que la peticionaria fue expuesta desde el momento de presentar sus inconformidades en las diversas instancias públicas.

 
  RECOMENDACIÓN 3/2021 26 de febrero 2021

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Secretario de Educación
Director del OPD Hospital Civil de Guadalajara

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con relación al derecho a la protección de la salud por inobservancia de reglamentos, violación a los derechos de la niñez

MOTIVO
 

La inconformidad tuvo su origen con la queja que presentó (TESTADO 1) a su favor, así como al de su hijo menor de edad (TESTADO 1), en contra de la profesora María Guadalupe García Alcántar, directora de la Escuela Primaria Urbana [...], turno vespertino, clave [...], de la Secretaría de Educación Jalisco; del personal de los Servicios Médicos Municipales del Ayuntamiento de Guadalajara y del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y acreditó que con su actuar violaron sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica por inobservancia de reglamentos, con relación al derecho a la protección a la salud. Narró que cuando el menor de edad estaba en la escuela, unas personas aventaron una botella, cayéndole un vidrio en el ojo, lo cual le provocó lesiones que no fueron atendidas de manera oportuna. No obstante que el usuario pagó un seguro escolar, no se hicieron responsables de la atención médica y psicológica del niño, debido a que la directora del plantel no contrató dicho seguro, no obstante que fue una instrucción directa de su superior jerárquico. Asimismo, se acreditó que el personal de salud del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde incurrió en violación de derechos por negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos, en agravio de (TESTADO 1).

 
  RECOMENDACIÓN 2/2021 25 de febrero 2021

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Fiscal del estado de Jalisco
Presidente municipal de Puerto Vallarta

 
CONCEPTOS
 

violación al derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, al interés superior de la niñez, a la legalidad y seguridad jurídica en relación al incumplimiento de la función pública, al respeto a la integridad física, psíquica y moral, a la libertad y seguridad personal, a la igualdad y no discriminación, al trato digno, así como al acceso a la justicia con perspectiva de género a través de una adecuada procuración de justicia.

MOTIVO
 

El 26 de julio de 2020, alrededor de las 14:00 horas, una niña, de identidad reservada, se dirigía a la tienda a comprar un refresco, cuando fue abordada en las inmediaciones del tianguis de la colonia Progreso, en la ciudad de Puerto Vallarta, por un hombre adulto y servidor público, quien se encontraba en su automóvil, la subió por la fuerza al vehículo para llevarla a un paraje desolado conocido como “la chatarrera” de la colonia El Salitrillo; una vez en el lugar, el agresor efectuó actos eróticos sexuales en la menor de edad y en sí mismo, cuando fue sorprendido por tres elementos policiales.

En el lugar de los hechos, agentes policiales de la unidad PV338 de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta se hicieron cargo de procesar el servicio; sin embargo, la única que insistía en proceder a la detención del imputado, conforme lo marca la ley penal, fue la agente policial Alondra Jorgely Gutiérrez Saucedo, no así el elemento Raúl Gustavo Sánchez Topete, quien se negaba a llevar a cabo el aseguramiento del imputado, en virtud del delito grave y flagrante en que fue sorprendido. Gracias a la oportuna intervención de la agente Alondra Jorgely Gutiérrez Saucedo, quien se dio a la tarea de resguardar a la niña y llevarla con su progenitor para que tuviera conocimiento de lo acontecido, se procedió a la detención en flagrancia, así como a solicitar mando y conducción al agente del Ministerio Público Alfredo Quintero Gil, quien les ordenó efectuar la puesta a disposición de la persona detenida, elaborar el Informe Policial Homologado, aseguramiento de objetos y del vehículo involucrado, olvidando este fiscal ordenar y comprobar el aseguramiento del teléfono celular que portaba el imputado para indagar si había utilizado dicho dispositivo electrónico para registrar los hechos ilícitos ocurridos.

El detenido fue ingresado a las celdas de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, pero se ignoró la guía de llenado del Informe Policial Homologado, ya que el elemento policial Francisco Javier Olanda Lorenzana entregó el teléfono celular del detenido al padre del mismo, y asentó que no se recolectaron pertenencias en el Informe Policial Homologado.

Además, después de analizar la carpeta de investigación TESTADO 75 quedó evidenciado que: el caso legal no fue abordado con enfoque de género, en virtud de que la Dirección Regional Costa Norte no cuenta con personal de guardia especializado en perspectiva de género ni en derechos humanos de las mujeres, y los asuntos con detenidos en donde las víctimas son mujeres los turnan para su integración al agente del Ministerio Público que está de guardia en el área de detenidos.

No obstante que Alfredo Quintero Gil, agente del Ministerio Público, inició la carpeta de investigación el 26 de julio de 2020 y fue puesta la persona detenida a su disposición a las 18:25 horas, la víctima directa y sus familiares fueron revictimizados, pues permanecieron hasta altas horas de la noche en las oficinas de la Dirección Regional Costa Norte para efecto de interponer su denuncia. No le fue recabada en ese lapso su declaración al padre de la menor de edad, sino hasta el día 18 de agosto de 2020, conformándose con ello el abogado Miguel Ángel Guerrero Meza, asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta.

No se investigó oportunamente el delito de prostitución infantil en grado de tentativa u otros delitos relacionados con el fenómeno delictivo denominado turismo sexual, conformándose con ello el abogado Miguel Ángel Guerrero Meza, asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta.

Solamente se le imputó al agresor el delito de abuso sexual infantil contemplado en el artículo 142 L, fracción II, en relación al artículo 142 Ñ, fracción I del Código Penal, creyendo que al ejercer acción penal por un delito, la víctima recibía justicia; se omitió analizar el impacto que dichos delitos tienen en la mente infantil y fue ignorada la violencia con la que fue obligada la niña a subir al vehículo por su agresor, contemplada en el artículo 142, fracción VI, del Código Penal del Estado de Jalisco, conformándose con esta decisión durante la audiencia de imputación el agente del Ministerio Público Josué Paredes Martínez y el abogado Miguel Ángel Guerrero Meza, asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta.

Tampoco se le imputó al agresor desde la primera audiencia el delito de corrupción de menores al que se refiere el numeral 142 A, Fracción III, penúltimo párrafo del Código Penal del Estado de Jalisco. Lo que provocó que el juez de control durante la primera audiencia de imputación quitara la agravante contemplada por el artículo 142 Ñ, fracción I del Código Penal; situación legal que favoreció al imputado en virtud de poder solicitar la suspensión condicional del proceso por así permitirlo el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa del numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para de esta manera pretender beneficiarse por un mecanismo de terminación alterna del proceso, conformándose con esta decisión durante la audiencia de imputación el agente del Ministerio Público Josué Paredes Martínez. Asimismo, estas omisiones y acciones fueron toleradas por el abogado Miguel Ángel Guerrero Meza, asesor jurídico de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta.

Lo anterior condujo a que, durante la siguiente audiencia de imputación, el juez de control determinara no vincular a proceso al inculpado por el delito de corrupción de menores, pues se argumentó que esos mismos hechos ya habían sido imputados.

Días después de que se verificara la detención, el testigo y víctima indirecta TESTADO 1 sufrió hostigamiento por parte del elemento Raúl Gustavo Sánchez Topete, de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, quien lo detuvo para revisarlo en la vía pública, donde le manifestó que le había hecho un favor al llevar a cabo la detención en los hechos que nos ocupan.


 
  RECOMENDACIÓN 1/2021 14 de enero 2021

 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE

 

Coordinador general estratégico de Seguridad del Gobierno del Estado
Fiscal del Estado
Fiscal Especial en Personas Desaparecidas
Secretario de Seguridad Pública del Estado
Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
A las y los presidentes municipales de los ayuntamientos de Ameca, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Juanacatlán, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan.

 
CONCEPTOS
 

violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas de desaparición de personas por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y el derecho al acceso a la justicia; a la integridad y seguridad personal; a la libertad personal; a la vida; al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad y al recurso judicial efectivo.

MOTIVO
 

La presente Recomendación se sustenta en el análisis de las investigaciones que se realizaron en 26 quejas, en las que se documentaron hechos que constituyeron el factor común en la desaparición de 31 personas y el reclamo de los familiares de las víctimas, que expresaron a esta defensoría su tristeza y angustia por la desaparición, además de su desesperación y frustración ante la falta de acciones efectivas, diligentes, profundas y humanitarias de los servidores públicos que representan a las distintas instituciones del Estado, encaminadas a la búsqueda de las víctimas, a conocer los motivos de la desaparición, así como a la detención y sanción de los responsables.

Este organismo evidenció que, derivado de la desaparición de las personas, las autoridades municipales y estatales, que de manera concurrente tienen la obligación de otorgar seguridad a la ciudadanía en el estado y los municipios, no implementaron acciones razonables y suficientes para garantizar ese derecho, incumpliendo con la obligación de garantía y protección del derecho de todas las personas contra la desaparición forzada y la cometida por particulares.

Se documentó también que en los 26 casos el personal ministerial responsable de las investigaciones de los delitos denunciados con motivo de la desaparición de personas y del IJCF no realizó las investigaciones efectivas, diligentes y cuidadosas que permitieran la localización e identificación oportuna de las víctimas y que se conociera la verdad histórica de los hechos. Incumpliendo así con la obligación de investigar conforme a los principios, procedimientos y protocolos que deben seguirse en la investigación de este tipo de casos.

Además, se demostró que las instituciones del Estado encargadas de la investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas, así como de la identificación de las fallecidas, no cuentan con las estructuras indispensables para el cumplimiento de sus obligaciones.

 
 
 
 
 
 
     
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