Descripción General

Las personas con discapacidad son consideradas como un grupo social altamente vulnerable, dado que, por sus características situacionales, son más propensas a ser violentadas en sus derechos humanos.

En un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, se deben reconocer y garantizar los derechos humanos de todos los grupos que conforman el tejido social, en forma muy especial de aquellos que son considerados vulnerables.

Desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, México reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los derechos humanos como el eje rector de su sistema jurídico, por lo que, los derechos consagrados en la carta magna y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte, deben ser plenamente garantizados.

México forma parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008, y que tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad todos los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente.

En su artículo 33, numeral 2, este instrumento establece que: Los Estados parte, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. Cuando designen o establezcan estos mecanismos, los Estados parte tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos

De conformidad con la disposición anterior, el 21 de febrero de 2011, el Poder Ejecutivo Federal en representación del Estado mexicano designó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a sus homólogas en las entidades federativas, a integrar el Mecanismo Nacional y los respectivos estatales, de Promoción, Protección y Supervisión de la aplicación de esta convención.

Atendiendo que en los años 2016 y 2017 el Consejo Ciudadano aprobó por unanimidad la conformación de Mecanismos Estatales para actuar bajo cinco ejes rectores, siendo uno de ellos la creación de un Observatorio Ciudadano conformado por integrantes del Consejo Ciudadano, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo reconocido en cada agenda de derechos, y académicos con trabajo reconocido en dicha área.

Reconociendo que hoy en día, es evidente que el derecho internacional de los derechos humanos, así como la legislación nacional y estatal en materia de derechos humanos han avanzado bajo el principio de progresividad; resulta imperante que la CEDHJ transite a un nuevo modelo de Mecanismos de Monitoreo a fin de cumplir su labor en términos de promoción, protección y supervisión de los derechos humanos, manteniendo la participación ciudadana en su estructura como parte de la gobernanza, pero bajo el modelo de Comité Consultivo que permita a éste no solo emitir opiniones o criterios orientadores; sino que, su participación se dé como parte integral de la nueva dinámica y reingeniería institucional, de ahí la importancia de que el nuevo modelo de Comités Consultivos, aprobados por el Consejo Ciudadano en sesión ordinaria 434/2023, cuente con lineamientos claros para su actuación y alcances de los acuerdos o consensos que emitan, así como el orden que deberán guardar en las reuniones de trabajo.